Llega El Niño y el Estado no está: los fondos contra inundaciones duermen en bonos del Tesoro
Con 4.041 barrios populares expuestos a anegamientos, el Gobierno subejecutó el fondo hídrico, frenó 636 obras de urbanización y desmanteló organismos de prevención. El ajuste también se mide en agua.
Los pronósticos anticipan un fenómeno de El Niño con lluvias por encima de lo normal en buena parte del país. Pero mientras el clima avanza, la política pública retrocede. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), difundido por El Destape, muestra que el Estado nacional dejó sin ejecutar la mayor parte de los recursos destinados a prevenir inundaciones.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ejecutó apenas el 25,7% de sus ingresos en 2024 y el 19,7% en 2025. El gasto se desplomó de 596.250 millones de pesos en 2023 a 41.401 millones en 2024: una caída de más del 90% en términos reales. ¿Dónde está el dinero? Según el informe de la Jefatura de Gabinete, en abril el fondo tenía 258.000 millones de pesos colocados en LECAP. Es decir, los recursos para obras hídricas financian al Tesoro en lugar de proteger a la población.
La misma lógica se repite en el Fondo de Integración Socio Urbana, que acumula más de 257.000 millones en instrumentos financieros mientras 636 obras en barrios populares están paralizadas. El dato es alarmante: de los 6.467 barrios registrados en el RENABAP, 4.041 están expuestos a inundaciones y anegamientos.
El desmantelamiento es integral. El Fondo Nacional de Emergencias fue disuelto por decreto en 2024, el Servicio Meteorológico Nacional sufrió 140 despidos en abril y el Presupuesto 2027 prevé para agua potable y cloacas una caída real del 93% respecto de 2023.
La FDHI lo resume con claridad: "el Estado decidió priorizar la administración financiera de corto plazo". Detrás de esa frase técnica hay una decisión política. El superávit fiscal que exhibe el Gobierno no surge de la eficiencia sino de dejar de hacer: no construir desagües, no urbanizar barrios, no prevenir.
Las consecuencias no se reparten por igual. Cuando el agua sube, quienes pierden todo son las familias de los barrios populares, sin infraestructura ni recursos para reponerse. La prevención es una política de justicia social: cada peso que no se invierte hoy se pagará mañana con vidas, viviendas destruidas y emergencias mucho más costosas.
Un Estado presente no es un lujo ideológico. Es la diferencia entre una lluvia y una tragedia.
