Brote de meningitis en un hospital privado de Mendoza: cuatro muertes bajo investigación y una pregunta sobre los controles
Diez pacientes vinculados, quirófanos cerrados y muestras enviadas al Malbrán. El caso reabre el debate sobre la fiscalización estatal de la salud privada en tiempos de desregulación.
Redaccion 
El Ministerio de Salud de Mendoza investiga dos nuevas muertes entre los pacientes vinculados al brote de meningitis posquirúrgica detectado el 21 de octubre en el Hospital Privado de la capital provincial. Con ellas, son cuatro los fallecimientos en estudio sobre un total de diez pacientes vinculados. Las dos muertes más recientes son consideradas casos sospechosos, ya que todavía no hay confirmación microbiológica de la bacteria Serratia marcescens.
Hasta ahora se registraron cinco aislamientos bacterianos: tres meningitis confirmadas en líquido cefalorraquídeo, uno en sangre y otro en el sitio quirúrgico de una cirugía realizada en septiembre. Dos pacientes permanecen en terapia intensiva en estado grave. El establecimiento suspendió de manera preventiva toda su actividad quirúrgica hasta que concluya la investigación.
Qué se investiga
Los equipos sanitarios revisan procedimientos, anestésicos, antisépticos, medicamentos, soluciones e instrumental. Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, que deberá comparar el perfil genético de las bacterias para determinar si existe un origen común. Las autoridades piden que quienes hayan sido operados en septiembre u octubre consulten de inmediato ante fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca o alteraciones de la conciencia.
El Estado como garante
El caso tiene una dimensión que excede el episodio sanitario. Fue un organismo público —el Malbrán, parte de la red de la ANLIS— el que quedó a cargo de la pieza técnica central de la investigación. Es el mismo sistema científico y sanitario estatal que en los últimos años sufrió recortes presupuestarios, despidos y el desfinanciamiento de programas. Cada vez que una crisis de salud pone a prueba al sistema, aparece la evidencia de que no hay reemplazo privado para la capacidad pública de vigilancia epidemiológica.
También queda planteado el interrogante sobre los mecanismos de control en el sector privado de la salud. En un contexto de desregulación de prepagas y de discursos que presentan a la fiscalización estatal como una traba burocrática, un brote intrahospitalario con víctimas fatales recuerda que la regulación existe para proteger vidas.
La prioridad, ahora, es la atención de los pacientes afectados y el esclarecimiento de las causas. Pero el debate de fondo no debería apagarse cuando se conozcan los resultados de laboratorio: la salud no puede quedar librada a la lógica del mercado, y el Estado no puede renunciar a su rol de garante.
Con información de El Destape.
