El costo del ajuste: la parálisis de obras energéticas licúa divisas y asfixia el bolsillo popular
La gestión energética del gobierno actual vuelve a exponer las consecuencias de una mirada fiscalista subordinada al mercado y despojada de toda noción de soberanía. La decisión de paralizar la infraestructura estratégica, específicamente la reversión del Gasoducto Norte, obligará al país a desembolsar este invierno unos 1.200 millones de dólares para importar Gas Natural Licuado (GNL), cifra que duplica los costos del año anterior debido al complejo escenario geopolítico.
Prensa
La paradoja es tan evitable como dolorosa: finalizar la obra pendiente demandaba una inversión de 740 millones de dólares, un monto que se hubiera cancelado con el ahorro de una sola temporada. Al optar por el "ahorro" inmediato de no invertir en obra pública, el Estado termina financiando a traders multinacionales como Trafigura y Naturgy, mientras dilapida divisas que el Banco Central no logra acumular.
El mercado no regasifica
Esta dependencia externa no es un accidente, sino el resultado de una transferencia de recursos desde el Estado y los usuarios hacia los sectores concentrados de la energía. Al no garantizar la soberanía energética, el Gobierno deja el costo de la calefacción y la producción nacional a merced de la volatilidad del mercado spot y los conflictos en Medio Oriente.
Impacto distributivo y desprotección
Para los sectores populares y el entramado pyme, este escenario es una encerrona distributiva. La presión sobre las tarifas se vuelve insostenible: si el Estado no absorbe el sobrecosto mediante subsidios —opción que el dogma oficial rechaza—, el impacto recaerá directamente sobre los hogares, profundizando la pérdida de poder adquisitivo del salario. Si, en cambio, decide sostener el superávit a toda costa, el ajuste se trasladará a la generación eléctrica, encareciendo toda la cadena productiva.
La justicia social requiere una planificación energética que priorice el autoabastecimiento y el desarrollo nacional sobre los balances financieros de corto plazo. La energía no puede ser una mercancía suntuaria; es un derecho humano y un insumo estratégico para la independencia económica. Sin obras, no hay soberanía; y sin soberanía, el pueblo paga la cuenta de un modelo que solo cierra con exclusión.
