Crueldad fiscal: vence el plazo judicial para que el Gobierno destrabe los fondos de Incluir Salud

El dogma del «déficit cero» que declama el gobierno nacional vuelve a chocar contra la realidad y los derechos humanos más fundamentales. Este viernes vence el plazo perentorio otorgado por la justicia federal de Córdoba para que el Estado nacional regularice de forma urgente el pago de los pasivos acumulados en el programa Incluir Salud. El fallo expone la fractura del federalismo y la insensibilidad de una gestión que utiliza el desfinanciamiento como herramienta de disciplinamiento macroeconómico.

La parálisis de las transferencias estatales ha colocado a los prestadores —instituciones de hogarización, centros de día y transportistas— al borde de una quiebra inminente. Sin embargo, detrás de la fría jerga financiera del nomenclador y la facturación, se esconde una crisis humanitaria que golpea de lleno a las familias de las clases trabajadoras. Para los titulares de Pensiones No Contributivas, la cobertura pública no es una opción de mercado, sino la única garantía de supervivencia.

La asfixia presupuestaria vulnera de forma flagrante la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, un escudo normativo sistemáticamente desoído por el Poder Ejecutivo. El drama adquiere rostros concretos en los barrios: interrupciones en internaciones domiciliarias, demoras insostenibles en la entrega de insumos vitales como botones gástricos y recortes drásticos en medicaciones esenciales para patologías complejas como la parálisis cerebral.

Este conflicto excede lo administrativo; es una disputa estructural donde se enfrentan dos modelos de país. Por un lado, una concepción tecnocrática y de mercado que asume la salud y la asistencia social como un gasto prescindible. Por el otro, la histórica demanda de la comunidad organizada que exige justicia social, soberanía política sobre los recursos y un Estado presente que proteja el entramado social y garantice que la dignidad humana jamás sea una variable de ajuste económico. El reloj judicial corre; la resistencia de los sectores populares sigue firme.