Milei Desmantela Programas Contra la Trata: El Camino Libre para la Explotación Laboral y la Esclavitud Moderna
El gobierno de Javier Milei, en su cruzada de desfinanciamiento estatal, ha puesto en la mira los programas clave de lucha contra la trata de personas con fines laborales, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en una situación de extrema vulnerabilidad. La realidad de la explotación laboral, lejos de ser una mera "retórica", se agudiza ante la inacción y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.

El recorte presupuestario, denunciado por organizaciones sociales y sindicales, afecta directamente a los equipos especializados que brindan asistencia a víctimas de trata, realizan inspecciones en establecimientos rurales y urbanos, y promueven la prevención de este flagelo. La falta de recursos humanos y materiales dificulta la detección de casos, la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.
Además, la opacidad del gobierno en la difusión de datos sobre trata de personas genera preocupación. La falta de transparencia impide conocer la magnitud real del problema y dificulta la elaboración de estrategias efectivas para combatirlo. La ocultación de información, una práctica recurrente de este gobierno, busca invisibilizar la explotación laboral y minimizar su gravedad.
La amenaza de la "ley del peón", impulsada por sectores cercanos al gobierno, representa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. Esta iniciativa, que flexibiliza las condiciones de trabajo en el ámbito rural, abre la puerta a la precarización, la explotación y la esclavitud moderna. La eliminación de derechos básicos, como el salario mínimo y las jornadas laborales reguladas, deja a los trabajadores y trabajadoras del campo a merced de los abusos de los empleadores.
La ofensiva del gobierno contra los programas de lucha contra la trata y la promoción de leyes que precarizan el trabajo rural revelan un modelo económico que prioriza la ganancia empresarial por encima de los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.