El Gobierno Amenaza a Jubilados con un Veto Antipopular: La Lucha Continúa en el Senado
En un nuevo capítulo de su embestida contra los sectores más vulnerables, el gobierno ha reafirmado su intención de vetar el proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización de los bonos si la iniciativa opositora logra su aprobación en el Senado. Esta postura, que evidencia un desprecio por la crítica situación de millones de adultos mayores, no es más que la profundización de un ajuste salvaje que parece no tener límites.
Redaccion
La aprobación del proyecto en Diputados, impulsada por una heterogénea oposición, fue un respiro para los jubilados y pensionados que ven cómo sus haberes se licúan día a día frente a una inflación galopante. Sin embargo, la amenaza de veto por parte del Ejecutivo revela la verdadera prioridad de este gobierno: priorizar el ajuste fiscal y los intereses de los grandes capitales por encima del bienestar del pueblo trabajador.
El discurso oficialista insiste en la "responsabilidad fiscal" mientras condena a la miseria a quienes dedicaron su vida a construir este país. Hablan de "cambios en juego", pero lo que realmente está en juego es la dignidad de nuestros mayores y la capacidad del Estado para garantizar una vida digna para todos. La supuesta "pelea de fondo" para el gobierno es, en realidad, una guerra declarada contra los derechos adquiridos y la justicia social.
La promesa de un "cambio" se ha traducido en un empobrecimiento generalizado, un brutal recorte en áreas sensibles como la salud y la educación, y una política previsional que condena a los jubilados a una subsistencia indigna. No es casualidad que este gobierno, que pregona la libertad individual, no dude en cercenar la libertad de millones de personas para acceder a una vejez digna.
El debate en el Senado no es solo una discusión parlamentaria; es una batalla crucial por la defensa de los derechos de nuestros jubilados. La sociedad toda, y en particular los movimientos populares y de izquierda, debemos estar alerta y movilizados para frenar este nuevo atropello. El veto anunciado no es un acto administrativo más; es una declaración de guerra contra los sectores populares. No podemos permitir que el gobierno consolide su modelo de miseria y desigualdad. La calle, la organización y la lucha son las únicas herramientas para garantizar que la dignidad de nuestros jubilados sea respetada.
