El ajuste no perdona uniformes: crisis sanitaria y desamparo en la familia militar
La parálisis prestacional de la IOSFA desnuda el fracaso de la gestión de Alberto Presti y el impacto de un modelo que subordina la salud de los trabajadores al equilibrio fiscal. El descontento en las bases cuestiona la conducción y el sentido de la soberanía en tiempos de desguace estatal.
Prensa
La crisis que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un conflicto político y social de profundidad. La interrupción de servicios básicos, la falta de cobertura en medicamentos y la caída de prestadores en todo el país no solo afectan la calidad de vida del personal en actividad y retirados, sino que vulneran un derecho humano fundamental: el acceso a la salud.
La situación es alarmante. Los sectores más golpeados son los suboficiales y sus familias, el eslabón más delgado del entramado militar, cuyos salarios —ya depreciados por la inflación— no pueden absorber los costos de la medicina privada. Aquí se evidencia una contradicción estructural: mientras el discurso oficial ensalza el rol de las Fuerzas Armadas, la praxis económica las somete al mismo desfinanciamiento que padece el resto de la clase trabajadora.
El malestar apunta directamente hacia el jefe del Ejército, Alberto Presti. Su alineamiento irrestricto con las políticas de ajuste fiscal del Gobierno Nacional lo coloca en una posición de fragilidad ante sus subordinados. Para el análisis político, esta tensión no es menor; representa la ruptura del contrato de cuidado que toda conducción debe garantizar. No existe soberanía política ni independencia económica posible si el Estado abdica de su responsabilidad de sostener la integridad de quienes ejecutan las políticas de defensa nacional.
La IOSFA, como modelo de seguridad social solidario, está siendo asfixiada por una lógica de mercado que prioriza la rentabilidad financiera sobre la reproducción de la vida. La disputa no es solo por una cartilla médica, sino por el modelo de país: uno que proteja su capital humano y social, o uno que lo descarte en el altar de las cuentas públicas. La familia militar, hoy en pie de lucha silenciosa, es una víctima más de un proceso de transferencia de recursos que debilita el tejido nacional en favor de intereses ajenos al bienestar popular.
