La salud como privilegio: las prepagas y el doble estándar de la libertad de precios

Los datos no son solo cifras; son la crónica de un despojo planificado. Desde la asunción de la actual administración, la medicina prepaga ha incrementado sus aranceles a un ritmo que duplica el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este fenómeno no responde a una "corrección de costos" técnica, sino a la decisión política de liberar el precio de un bien esencial, permitiendo que la rentabilidad corporativa se imponga sobre el derecho humano a la salud.

La genealogía de este conflicto reside en el DNU 70/2023, la piedra angular del modelo libertario que eliminó las facultades del Estado para autorizar aumentos. Al retirar la tutela pública, el Gobierno habilitó una transferencia de ingresos indirecta pero masiva: el salario real de los trabajadores, ya erosionado por la devaluación y la quita de subsidios, es succionado por las estructuras oligopólicas de salud (como Galeno, Swiss Medical u OSDE) para sostener sus márgenes de ganancia en un contexto de recesión.

Este escenario problematiza la sostenibilidad del entramado social. La consecuencia inmediata es la exclusión: familias que, tras décadas de aportes, deben abandonar su cobertura o migrar a planes de menor calidad. Este desplazamiento sobrecarga el sistema de salud pública, que enfrenta simultáneamente el ajuste presupuestario nacional. Es una pinza perfecta sobre el sector popular y las capas medias.

Las disputas judiciales y las idas y vueltas de la Secretaría de Comercio —que ensayó una tardía y contradictoria intervención por cartelización— no son más que ruidos en una línea editorial de fondo: la mercantilización absoluta de la vida. Para el pensamiento nacional y popular, la soberanía política se ejerce garantizando que la salud no sea una mercancía sujeta a la ley de la selva, sino un pilar de justicia social que el mercado, por definición, es incapaz de tutelar.