La movilidad como privilegio: el desplome del transporte público y la fractura del tejido social en el AMBA

El derrumbe del 21% en la cantidad de pasajeros de colectivos desnuda el impacto de un modelo de ajuste que asfixia a la clase trabajadora. Detrás de la "eficiencia fiscal", se esconde un proceso de segregación urbana y desmantelamiento del salario indirecto.

La movilidad como privilegio: el desplome del transporte público y la fractura del tejido social en el AMBA
La movilidad como privilegio

La reciente estadística que arroja una caída del 21% en el uso del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no debe leerse como un dato técnico de consumo, sino como una radiografía de la asfixia social. Este desplome, el más agudo de las últimas décadas fuera de la pandemia, es la consecuencia directa de una voluntad política que ha decidido transformar un derecho humano y social —la movilidad— en una mercancía inalcanzable.

El transporte público funciona como un "salario indirecto". Al desregular las tarifas y eliminar los fondos compensadores bajo el dogma del equilibrio fiscal, el Estado opera una transferencia regresiva de recursos: lo que el Tesoro "ahorra" es lo que el trabajador deja de consumir en alimentos o salud para poder llegar a su puesto de trabajo. Hoy, la movilidad en Argentina está dejando de ser el motor de la integración para convertirse en una barrera de exclusión.

El análisis económico no puede omitir las relaciones de poder en juego. Este fenómeno no es accidental; responde a un esquema de disciplinamiento socioeconómico. La caída de pasajeros refleja un proceso de "encierro" en las periferias: sectores populares que, ante la imposibilidad de costear el pasaje, se ven forzados a desertar de ámbitos educativos, de salud o, en el peor de los casos, de la búsqueda activa de empleo. Estamos ante una desarticulación del entramado productivo nacional, ya que sin movilidad no hay mercado interno ni producción posible.

La soberanía política se ejerce garantizando que el territorio sea habitable para las mayorías. Convalidar que el 21% de la población abandone el transporte público es aceptar la fragmentación de la nación. La resolución de esta crisis no vendrá de la mano del "mercado", cuya única lógica es la rentabilidad, sino de una política que recupere la independencia económica para invertir en un sistema de transporte federal, subsidiado y eficiente, que vuelva a poner la dignidad del pueblo trabajador en el centro de la escena.