El fiasco de la privatización ferroviaria: un golpe a la producción nacional y un favor al capital concentrado
El fracaso en el intento de privatizar las líneas de carga ferroviaria paraliza la logística estratégica del país y desata el malestar en el sector productivo. La obstinación del Palacio de Hacienda por desmantelar el Estado no solo encarece los costos de las economías regionales, sino que profundiza la entrega de la soberanía económica.
Prensa
El dogma de que el mercado todo lo resuelve acaba de chocar de frente contra las vías del tren. El intento del Ministerio de Economía por privatizar de manera exprés los principales ramales de carga ferroviaria —como el grano y los productos industriales— se ha transformado en un severo dolor de cabeza para la gestión macroeconómica. La falta de oferentes y la precariedad de los pliegos licitatorios no solo frustraron los planes oficiales, sino que generaron una parálisis logística que afecta de forma directa al entramado socioproductivo del interior del país.
Este fracaso privatizador no es un hecho técnico aislado; se inscribe en el histórico intento de las corrientes neoliberales por desmantelar las herramientas de planificación estatal. El abandono de la inversión pública en infraestructura ferroviaria durante los últimos meses deterioró las vías, encareciendo los fletes y perjudicando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y de las cooperativas agrícolas de los sectores populares. Sin un sistema ferroviario soberano, las economías regionales quedan bajo el yugo oligopólico de las grandes corporaciones del transporte automotor de carga.
Detrás de la urgencia fiscal oficialista se esconde una disputa de intereses estructurales. El Palacio de Hacienda busca rematar los activos públicos para cumplir con las metas de ajuste impuestas por los organismos financieros internacionales, sin importar el impacto destructivo sobre el trabajo y la producción nacional. La parálisis actual frena la salida de la producción hacia los puertos, afectando el ingreso de divisas y deteriorando el empleo industrial en las provincias.
La soberanía política y la independencia económica exigen un sistema de transporte estratégico en manos de la comunidad organizada y el Estado. La dignidad de las familias trabajadoras del interior depende de una red ferroviaria federal que integre el territorio, defienda el mercado interno y garantice el desarrollo nacional, demostrando que los bienes comunes de la Patria jamás deben ser tratados como mercancías de descarte.
