A 60 años de la pizzería Real Griñón: Walsh, la burocracia y la memoria del movimiento obrero

A sesenta años de los hechos de Avellaneda, la revisión interesada de las corporaciones mediáticas insiste en cristalizar los sucesos del 13 de mayo de 1966 como un mero acto de "violencia gremial". Sin embargo, la balacera en la pizzería Real Griñón, donde cayó el dirigente de la UOM Rosendo García junto a los militantes de base Domingo Blaja y Juan Salazar, no puede entenderse fuera de las coordenadas históricas de la proscripción política del peronismo y el inminente golpe de Estado de Onganía.

Aquel episodio trágico expresó la encrucijada estratégica del movimiento obrero durante los años de la Resistencia. Por un lado, el proyecto de Augusto Timoteo Vandor de consolidar un "peronismo sin Perón", dispuesto a pactar con las Fuerzas Armadas y los sectores concentrados de la economía para preservar la caja y el aparato corporativo. Por el otro, el ala combativa y las bases metalúrgicas alineadas con las directivas de Evita y de Perón desde el exilio, que concebían al sindicato como una herramienta de liberación nacional, justicia social y transformación estructural.

Fue Rodolfo Walsh quien, a través de su célebre investigación ¿Quién mató a Rosendo?, desmanteló la impunidad judicial y policial que intentó encubrir el asesinato de los militantes populares para proteger a la cúpula vandorista. Walsh inauguró el periodismo de investigación en la Argentina no para estigmatizar la organización de los trabajadores, sino para advertir sobre los peligros de una burocracia sindical que, al autonomizarse de sus representados, termina asimilando los métodos del enemigo de clase.

Hoy, la reactivación de este aniversario por parte de las usinas del establishment busca un objetivo político nítido: asimilar la legítima defensa de los derechos colectivos con el bandidaje organizado. En momentos donde el capital transnacional promueve la atomización de los trabajadores y el desguace de los convenios colectivos, recordar el laberinto de Avellaneda exige rigor analítico. La necesaria impugnación a los desvíos de la dirigencia jamás debe convalidar el desarme de la organización popular, herramienta indispensable para la soberanía nacional.