Asfixia programada: el vaciamiento de la universidad pública como dogma de sumisión
Frente a la movilización popular en defensa de la educación superior, los datos oficiales desnudan la falsedad del relato de Capital Humano y exponen una transferencia de recursos que castiga al trabajo científico nacional.
La masiva movilización popular en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario obligó al Poder Ejecutivo a desplegar una contraofensiva comunicacional para encubrir la devaluación planificada del sistema científico y educativo nacional. Sin embargo, la frialdad de los datos estadísticos oficiales sepulta la narrativa oficial y devela una disputa estructural: la degradación de la universidad pública como vía indispensable para obturar la movilidad social y consolidar un modelo de subordinación económica.
El Ministerio de Capital Humano sostiene que el desfinanciamiento es un mito. No obstante, el presupuesto transferido para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior aumentó apenas un 7,9% interanual frente a una inflación que ya acumuló un 12,3% en el primer cuatrimestre de 2026. A esta licuación deliberada se sumó un recorte directo, vía Boletín Oficial, de $5.300 millones destinados a gastos de capital, afectando críticamente a casas de altos estudios del conurbano y del interior del país, como la UNLP y la UNSAM. Asimismo, la proclamada asistencia a hospitales escuela esconde un cepo administrativo: de los fondos asignados, apenas se ejecutó el 9,5%.
Esta asfixia presupuestaria impacta de forma dramática sobre los sectores populares y el capital humano estratégico. La brecha entre la inflación acumulada (293% desde fines de 2023) y la actualización salarial docente (147%) equivale a la pérdida lisa y llana de casi 11 sueldos. El resultado social de esta transferencia de ingresos es una alarmante fuga de talentos: solo la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA registró 438 renuncias, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional advierte la deserción de más de 10.000 profesionales que emigran o deben precarizarse conduciendo plataformas o en la venta ambulante para subsistir.
El chivo expiatorio de los estudiantes extranjeros (apenas el 4,1% del grado) intenta desviar el eje de la soberanía cultural. La universidad argentina no es un gasto corporativo, sino el núcleo de la soberanía política y la independencia económica. Desmantelarla es condenar a la producción nacional a la primarización técnica y despojar al pueblo de su derecho al porvenir.
