Desamparo energético en el Norte Grande: el castigo federal de las tarifas libertarias
El federalismo argentino asiste a una de sus horas más oscuras. Mientras los despachos oficiales celebran el "equilibrio fiscal", las provincias del Noreste Argentino (NEA) enfrentan una realidad distópica: las facturas de luz y gas se han incrementado siete veces por encima del promedio nacional. Esta asimetría no es una casualidad geográfica, sino el resultado directo de una decisión política que dinamita el pacto federal y condena a las provincias más postergadas a una crisis de subsistencia.
Prensa
La explicación técnica —la quita selectiva de subsidios y la desregulación mayorista— es apenas el envoltorio de una transferencia de recursos sin precedentes. En una región con carencias estructurales históricas y una dependencia vital de la energía eléctrica ante las temperaturas extremas, el Gobierno Nacional ha decidido retirar la red de contención estatal. El resultado es un disciplinamiento económico que ataca directamente el bolsillo de los trabajadores y la viabilidad de los pequeños comercios regionales.
La energía como herramienta de exclusión
La energía es un bien social básico y un motor de desarrollo. Sin embargo, bajo la lógica de la "independencia de mercado", se ha transformado en un privilegio. En el NEA, donde el acceso al gas natural es todavía una deuda histórica, la dependencia de la electricidad convierte a la tarifa en un impuesto al derecho a la vida digna. Mientras las empresas distribuidoras y generadoras —socios estratégicos del modelo— dolarizan sus rentas, los hogares correntinos, chaqueños, misioneros y formoseños deben elegir entre alimentarse o pagar la luz.
Esta política no solo genera exclusión social, sino que profundiza la desarticulación del entramado productivo regional. Una PyME en el Norte no puede competir con los costos logísticos y energéticos actuales, lo que deriva en el cierre de persianas y la destrucción del empleo local.
La disputa es estructural. Lo que está en juego es si la Argentina se piensa como una nación integrada, con justicia social y equidad territorial, o como un archipiélago de jurisdicciones abandonadas a su suerte bajo el yugo de la rentabilidad corporativa. El Norte Grande, históricamente postergado, vuelve a ser el laboratorio de un ajuste que, lejos de ser equitativo, se ensaña con los más vulnerables.
