El desguace de la contención social: Pettovello liquida un centenar de áreas clave y profundiza el vaciamiento estatal
Por una resolución interna que impone la desregulación de Sturzenegger y el torniquete fiscal de Caputo, Capital Humano elimina y degrada estructuras estratégicas. El recorte anticipa más de mil despidos y deja desamparados a los sectores populares en plena crisis.
Prensa
Detrás de las premisas tecnocráticas de "eficiencia" y "simplificación administrativa", el gobierno de Javier Milei ejecuta una nueva fase de su plan de desmantelamiento del Estado nacional. Una resolución interna del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, materializará en las próximas horas la eliminación de 58 áreas organizativas y la degradación o unificación de otras 42. Esta amputación estructural, orientada a un "ahorro" anual de $2.500 millones, no representa un mero ordenamiento burocrático; es la parálisis planificada de los resortes estatales destinados a morigerar la vulnerabilidad social.
El rediseño, subordinado a las directrices de Federico Sturzenegger y al hachazo transversal de $2,5 billones aplicado por Luis Caputo, impacta sobre las áreas de Recursos Humanos, Legales, Auditoría y Gestión de las secretarías de Educación, Trabajo y Niñez, Adolescencia y Familia (ex Desarrollo Social). Al suprimir las estructuras que viabilizan la compra de alimentos, el soporte técnico y el control presupuestario, el superministerio se convierte en una cáscara vacía, incapacitada operativamente para ejecutar políticas públicas elementales.
La consecuencia social inmediata es doble. En términos laborales, los gremios estatales (UPCN y ATE) denuncian una inminente tanda de más de mil despidos, que se sumarán a los 10.000 ya perpetrados en esa cartera. Se trata de la expulsión de cuadros técnicos y profesionales formados en la carrera pública, destruyendo el capital institucional del país. En términos territoriales, la licuación operativa consolida el abandono de los sectores populares, en sintonía con el drenaje simultáneo de $27.000 millones en programas de Inclusión Social y el ahogo financiero a los comedores comunitarios.
Esta reconfiguración consolida un modelo socioeconómico donde el Estado resigna su rol de garante de la justicia social y el equilibrio distributivo, asumiendo una función estrictamente fiscalista y de transferencia de ingresos. El vaciamiento de los organismos de protección social no es un daño colateral, sino una condición necesaria para subordinar la producción nacional y el entramado social a las dinámicas del libre mercado y la especulación financiera.
