Transporte como privilegio: el nuevo tarifazo que asfixia al bolsillo trabajador

El reciente anuncio de un nuevo ajuste en las tarifas de transporte público no representa un hecho técnico aislado, sino un eslabón más en el programa de desposesión que atraviesa la Argentina. En un contexto de salarios pulverizados y una inflación que no da tregua a la canasta básica, la suba del boleto actúa como un impuesto directo al trabajo y a la educación, fragmentando aún más el tejido social de nuestras periferias.

El transporte debe entenderse como un insumo estratégico para la producción nacional y un dinamizador del consumo interno. Sin embargo, la lógica de la actual administración invierte esta prioridad: al desmantelar el sistema de subsidios —que históricamente funcionó como un salario indirecto para los trabajadores—, el Estado abdica de su rol regulador y entrega la movilidad del pueblo a la lógica del mercado y la rentabilidad empresarial.

La consecuencia inmediata es la profundización de la desigualdad geográfica y social. Para un trabajador del conurbano o de las zonas postergadas de las grandes urbes, el costo del traslado diario ya representa un porcentaje asfixiante de sus ingresos. Esto no solo retrae el consumo en los barrios, sino que disciplina la fuerza laboral, limitando sus posibilidades de inserción y desarrollo bajo la amenaza del costo de vida.

Detrás de este "sinceramiento" de precios se oculta una disputa distributiva: mientras se exige "sacrificio" a los sectores populares y a las clases medias, se garantiza el flujo de caja a los grupos concentrados que operan los servicios públicos, a menudo con contratos opacos y escasas metas de inversión. Recuperar el sentido del transporte como un derecho humano y una herramienta de desarrollo nacional es imperativo para frenar un modelo que busca convertir al ciudadano en un simple cliente, y al territorio nacional en un espacio segmentado por el poder adquisitivo.