Venganza federal: Milei asfixia a la Provincia de Buenos Aires mientras Kicillof defiende el derecho de los bonaerenses ante la Corte

El gobierno de Javier Milei ha decidido cruzar un nuevo límite en su estrategia de disciplinamiento fiscal y político. En una maniobra que recuerda a las épocas más oscuras del centralismo unitario, la administración libertaria oficializó un desembolso de fondos destinado a 12 provincias, dejando deliberadamente afuera a la Provincia de Buenos Aires. No se trata de un error técnico ni de falta de recursos: es una venganza política contra el distrito que se ha convertido en el principal bastión de resistencia al modelo de hambre y exclusión.

Desde la gobernación en La Plata, Axel Kicillof fue claro: no se está mendigando ayuda, se está exigiendo lo que por ley y derecho le corresponde a los 17 millones de bonaerenses. Ante el cierre de los grifos federales, la Provincia se aferra a la vía judicial y al reclamo ante la Corte Suprema para frenar un saqueo que pone en riesgo la salud, la educación y el plato de comida de las familias trabajadoras.

El chantaje como política de Estado

La decisión de Milei de "premiar" a las provincias alineadas o silenciosas, mientras castiga al motor industrial de la Argentina, revela la verdadera cara del pacto que propone la ultraderecha: sumisión o quiebra. Para el pensamiento nacional y popular, este manejo discrecional de la billetera pública es una afrenta al federalismo consagrado en la Constitución.

Mientras el Presidente se jacta de un "superávit" construido sobre el dolor de los jubilados y el desfinanciamiento de las provincias, Kicillof sostiene una gestión que prioriza al ser humano. La exclusión de Buenos Aires del reciente desembolso no es un ataque a un gobernador; es un ataque directo a los hospitales públicos del conurbano, a las escuelas rurales y a la obra pública que genera empleo genuino en cada municipio.

La Justicia Social no se negocia

"El gobierno nacional debe entender que la Provincia de Buenos Aires produce el 40% de la riqueza del país y recibe mucho menos de lo que aporta. Cortar los fondos es robarle la dignidad a nuestro pueblo", sostienen desde el entorno de Kicillof. El reclamo ante la Corte Suprema por los fondos de coparticipación y los subsidios al transporte y la educación no es una "pelea de caja", sino una batalla por la justicia distributiva.

El gobernador bonaerense, firme en su convicción de que donde hay una necesidad nace un derecho, se planta como el principal escollo para el proyecto de desguace del Estado que impulsa el eje Milei-Caputo. El fallo de la Corte que Buenos Aires reclama no es solo legal, es un imperativo ético para evitar que el ajuste salvaje termine por fragmentar definitivamente la unidad nacional.

Organizar la defensa del federalismo

La asfixia financiera impuesta por la Casa Rosada busca generar un caos social que justifique la intervención o el sometimiento. Sin embargo, la respuesta de la provincia más grande del país es política y comunitaria. Kicillof no solo busca fondos en los tribunales; busca la unidad de los sectores productivos y del movimiento obrero para demostrar que la Argentina no termina en la General Paz.

En este escenario de confrontación, la hoja de ruta es clara: defender cada puesto de trabajo, garantizar la presencia del Estado donde el mercado excluye y no retroceder ni un centímetro en la conquista de derechos.