Asfixia fiscal sobre la producción nacional: la agonía de las PyMEs bajo el yugo de ARCA
El desesperado reclamo de la Cámara de Comercio para frenar los embargos expone la inviabilidad de un modelo recesivo que destruye el mercado interno y desmantela el trabajo argentino.
Prensa
La exigencia de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para suspender los embargos a las pequeñas y medianas empresas devela la fase más crítica del programa económico oficial. Al intimar a los clientes de las firmas deudoras a retener fondos para desviarlos de forma directa al fisco, el organismo conducido por Andrés Vásquez —bajo la dirección macroeconómica de Luis Caputo— asesta un golpe letal a la cadena de pagos y al flujo de caja de las PyMEs, arrastrándolas de forma irreversible hacia la quiebra o la informalidad.
Este escenario no constituye un desajuste técnico, sino la consecuencia directa de un modelo de transferencia de recursos que prioriza el superávit financiero a expensas de la economía real. La CAC, entidad poco afecta a la retórica intervencionista, se ve hoy forzada a denunciar una asfixia terminal provocada por la combinación de la caída del consumo popular, el aumento desmedido de los costos operativos y la total aniquilación del crédito productivo.
La asimetría de poder es flagrante. Mientras el Gobierno consagra blindajes fiscales y beneficios de excepción para los monopolios y los sectores transnacionalizados de la economía, descarga el rigor punitivo del Estado sobre el empresariado local. El supuesto "ordenamiento macroeconómico" oficial funciona, en la práctica, como un dispositivo que pulveriza tanto la capacidad de compra de las mayorías como la supervivencia de los sectores que dinamizan el mercado doméstico.
La destrucción de las PyMEs —principales generadoras de empleo en el país— atenta directamente contra la soberanía económica y la justicia social. Detrás de cada persiana que se cierra hay familias trabajadoras arrojadas a la desocupación y un entramado social que se desarticula. La voracidad fiscalizadora de ARCA sobre los eslabones más débiles ratifica que el actual ajuste estructural no busca corregir distorsiones, sino consolidar una economía primarizada, de servicios concentrados, dependiente y profundamente desigual.
