Violencia discursiva y blindaje corporativo: la estrategia detrás del ataque de Milei a la prensa
Al descalificar al periodismo crítico para proteger a José Luis Espert, el Poder Ejecutivo busca obturar el debate público y encubrir las consecuencias de un modelo económico que desmantela el trabajo y la justicia social.
Prensa
La virulenta diatriba de Javier Milei contra el periodismo, sintetizada en su posteo contra los “periodistas de mierda”, excede el mero exabrupto individual: constituye un dispositivo político de disciplinamiento. Al defender corporativamente a José Luis Espert —tras el giro judicial en EE.UU. del financista Fred Machado—, el Presidente no solo tuerce la interpretación de los hechos para consagrar una impunidad de facción, sino que expone la verdadera trama de intereses que sostiene al andamiaje libertario.
Esta violencia verbal persigue un doble objetivo: blindar la red de complicidades de la élite gobernante —que ya abarca los cuestionamientos sobre Manuel Adorni o Karina Milei— y, fundamentalmente, clausurar los canales de denuncia social. En una Argentina asediada por tarifazos, destrucción del empleo y pérdida de soberanía económica, la estigmatización de la prensa funciona como una cortina de humo planificada. Lo que se intenta silenciar no es el negocio de los medios, sino la caja de resonancia de los sectores populares que sufren el desguace del Estado y del aparato productivo nacional.
El ataque sistemático al disenso no es una novedad histórica. Tradicionalmente, los modelos de acumulación regresiva y transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitales concentrados han necesitado anular la fiscalización pública para consolidar la entrega del patrimonio común. La peligrosa proclama oficial que incita a "odiar más" al periodismo promueve una fractura social expuesta, cuyo fin útil es desarticular la resistencia colectiva frente al ajuste estructural.
Lejos de encarnar una gesta contra los privilegios, la defensa irrestricta de los propios consolida una nueva casta de carácter financiero e inmune al control democrático. Mientras las mayorías populares ven deteriorarse dramáticamente sus condiciones materiales de vida, la violencia discursiva gubernamental pretende consagrar el secreto y la impunidad como las verdaderas reglas de juego del poder real en la Argentina.
