Festín Punitivista en la Rosada: El Gobierno celebra la media sanción de la ley que criminaliza a las infancias mientras profundiza el ajuste social

En un contexto de crisis económica agravada por las políticas oficiales, el oficialismo festejó como un "hito histórico" el avance en Diputados del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La respuesta del Estado ante la vulnerabilidad juvenil se reduce a la cárcel, abandonando cualquier perspectiva de inclusión y justicia social.

Mientras el tejido social argentino se desgarra consecuencia de un plan económico que multiplica la pobreza y la indigencia, el Gobierno de Javier Milei encontró motivos para celebrar. La Cámara de Diputados, con la complicidad de los bloques aliados de la derecha, otorgó media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, cuyo corazón no es otro que la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Una medida que huele a demagogia punitiva y que promete encarcelar a los hijos de la exclusión que el mismo modelo libertario genera.

La reacción en la Casa Rosada no se hizo esperar y reflejó la matriz ideológica que guía a la actual administración: el festejo ante el avance del Estado represivo sobre las garantías constitucionales. Lejos de la prudencia que merece el tratamiento de las infancias en conflicto con la ley penal, los funcionarios del Ejecutivo se mostraron exultantes, calificando este retroceso en materia de Derechos Humanos como el cumplimiento de una "demanda histórica".

La celebración del encierro

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habitual portavoz del ajuste, cambió el foco de la motosierra económica a la mano dura judicial. "Delito de adulto, pena de adulto", repitió, recitando el mantra que simplifica una problemática compleja y multicausal. Para el Gobierno, un chico de 13 años que delinque —casi siempre proveniente de los sectores más postergados, donde el Estado solo llega con la policía— debe recibir el mismo trato punitivo que un mayor de edad, ignorando décadas de doctrina jurídica internacional y la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), arquitectos de este proyecto, se sumaron al coro triunfalista. Bullrich, con su habitual retórica belicista, celebró el fin de la supuesta "impunidad", mientras que Cúneo Libarona atacó lo que denominó "las nefastas ideas zaffaronistas", un eufemismo utilizado por las derechas para desprestigiar al garantismo jurídico y la protección de los derechos fundamentales.

Para la administración de La Libertad Avanza, la solución a la inseguridad no pasa por la inversión en educación, salud, deporte y trabajo para los jóvenes, sino por la construcción de más cárceles y la baja de la edad para llenarlas.

Un Estado que abandona y luego castiga

Resulta de un cinismo político alarmante que el mismo gobierno que desfinancia la educación pública, recorta la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y destruye el empleo nacional, celebre la posibilidad de encerrar a niños y adolescentes. La ecuación del modelo es clara: el Estado se retira de su rol de garante de derechos sociales y reaparece, con toda su furia, en su versión penal.

Desde el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, únicas voces disonantes en el recinto que resistieron este embate, denunciaron que la ley no resolverá los índices de inseguridad. Advirtieron que se trata de una "venta de humo" para una sociedad angustiada, utilizando a los jóvenes más pobres como chivos expiatorios de un sistema que los excluye sistemáticamente. La evidencia empírica demuestra que bajar la imputabilidad no disuade el delito; solo estigmatiza y criminaliza la pobreza.

Alerta en el Senado

Con la media sanción bajo el brazo, el oficialismo se prepara ahora para dar la batalla final en el Senado, confiado en repetir los acuerdos con la "oposición dialoguista" que le permitan convertir en ley este paradigma represivo.

El campo nacional y popular, junto a organismos de Derechos Humanos, especialistas en infancia y organizaciones sociales, enfrenta el desafío urgente de frenar en la Cámara Alta un proyecto que representa un retroceso civilizatorio. La seguridad es un derecho, pero no se construye con mano dura contra los eslabones más débiles, sino con justicia social y un Estado presente que abrace a sus pibes, no que los encarcele.