El triunfo de los guardapolvos: Acorralado por la Justicia y la calle, el Gobierno se ve obligado a negociar con las Universidades

Lo que no pudo la razón, lo pudo la organización. Tras meses de asfixia presupuestaria y desprecio por el sistema científico nacional, el Ejecutivo ensaya un acercamiento con los rectores. No es vocación de consenso: es el resultado de fallos judiciales contundentes y una comunidad universitaria que se plantó frente al intento de privatizar el futuro.

El aire en los pasillos de la Casa Rosada cambió. Aquella soberbia con la que se pretendía "auditar" para perseguir y recortar para destruir ha mutado en una necesidad urgente de "acuerdo". La noticia es clara: el Gobierno Nacional, cercado por una batería de fallos judiciales que le exigen cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo, ha convocado a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Este movimiento no es más que la derrota política de la motosierra en el campo del conocimiento. El intento de asfixiar a las universidades públicas —el principal orgullo de movilidad social ascendente de nuestra Patria— ha encontrado un límite infranqueable: la unidad de docentes, no docentes y estudiantes.

La Justicia como última trinchera del derecho

El Poder Judicial, impulsado por las presentaciones de diversas casas de altos estudios, ha comenzado a dictar sentencias que desnudan la ilegalidad del ajuste. No se puede gobernar por decreto contra el derecho humano a la educación.

Los puntos que obligaron al Gobierno a sentarse a la mesa son:

• El incumplimiento de las partidas: El desfasaje inflacionario dejó a las facultades al borde del cese de actividades.
• La violación de la autonomía: Los intentos de intervención administrativa fueron rechazados por inconstitucionales.
• El reclamo salarial: Una deuda interna que mantiene a los trabajadores de la educación por debajo de la línea de pobreza mientras se fugan capitales.

Un diálogo bajo sospecha

No debemos llamarnos a engaño. Para el pensamiento nacional y popular, este "acuerdo" que busca el Gobierno es una maniobra para descomprimir la conflictividad social antes de que las plazas vuelvan a llenarse. El "acuerdo" que proponen las fuerzas del ajuste suele ser el nombre elegante para una entrega en cuotas.

"La universidad pública no es un gasto, es la inversión más soberana que puede tener un pueblo que no quiere ser colonia. Si hoy llaman a dialogar, es porque le tienen miedo a la tiza y al libro", expresaron referentes de la Federación Universitaria.

El rol de la organización popular

Este escenario no se explica sin las marchas federales, sin las tomas simbólicas y sin el apoyo de un pueblo que, a pesar de las penurias económicas, entiende que la universidad de los hijos de los trabajadores no se toca. La resistencia en las aulas ha demostrado ser el anticuerpo más eficaz contra el virus del neoliberalismo extractivo.

Vigilia y soberanía

La paritaria y el presupuesto deben ser integrales. No aceptaremos migajas para pagar la luz de los edificios mientras los científicos del CONICET tienen que emigrar y los docentes no llegan a fin de mes.

La soberanía pedagógica y científica es la base de la justicia social. Mientras el Gobierno busca una foto que calme a los mercados y a los jueces, el movimiento estudiantil y obrero permanecerá en estado de alerta y movilización.