El gobierno profundiza el vaciamiento estatal: Despidos en Cultura y DDHH mientras se ataca a los más vulnerables
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha confirmado hoy lo que ya era una certeza: el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) avanza con el desmantelamiento del Estado, anunciando despidos masivos y el cierre de organismos en áreas tan sensibles como Cultura y Derechos Humanos. Con el cínico argumento de no sostener "estructuras inútiles", el oficialismo profundiza un ataque ideológico que busca borrar la memoria colectiva y desmantelar las políticas públicas destinadas a garantizar derechos fundamentales.

Esta embestida contra áreas estratégicas no es casual. Desde una perspectiva de izquierda, es evidente que el gobierno busca silenciar las voces críticas, precarizar el acceso a la cultura y debilitar las políticas de memoria, verdad y justicia que tanto costo consolidar en Argentina. Reducir los Derechos Humanos a una "estructura inútil" es un insulto a la historia y a las víctimas, y revela la verdadera cara de un modelo que desprecia la justicia social y la equidad.
Pero la ofensiva no se detiene ahí. Adorni también confirmó la eliminación de subsidios a usuarios de servicios públicos que residen en Puerto Madero y barrios privados. Aunque la medida podría parecer un gesto de equidad, su anuncio en este contexto no disipa la preocupación de que se busque legitimar futuros recortes indiscriminados que afecten a sectores populares. Es una estrategia de divide y vencerás, donde se señala a "privilegiados" para justificar un ajuste que termina impactando en la mayoría de la población.
Paralelamente, el vocero anunció que el gobierno trabaja en una nueva licitación para la Hidrovía Paraná-Paraguay, argumentando que "no puede seguir operando con un contrato prorrogado desde hace 13 años". Si bien la necesidad de una nueva licitación es innegable para garantizar la soberanía y la transparencia en un eje productivo clave, es fundamental estar alerta para que este proceso no se convierta en una nueva oportunidad para la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados y extranjeros, sin una adecuada regulación y control estatal que beneficie a la nación y no a unos pocos.
En síntesis, las declaraciones de Adorni pintan un panorama desolador: un gobierno que avanza con despidos y cierres en áreas cruciales como la Cultura y los Derechos Humanos, mientras utiliza discursos engañosos para justificar recortes y potencialmente abrir la puerta a nuevas privatizaciones. La precarización de la vida de los trabajadores, la desmemoria y la profundización de un modelo extractivista que beneficia a unos pocos son los ejes centrales de esta política. La resistencia popular y la organización de la clase trabajadora son más necesarias que nunca para frenar este avasallamiento.