La vigencia del 25 de Mayo y la soberanía obrera: la intervención a la UOM como nuevo Virreinato
En vísperas de la fecha patria, el fallo contra el gremio metalúrgico expone una trama judicial y corporativa que busca disciplinar la resistencia. La autonomía sindical frente al intento de restauración colonial del mercado.
Prensa
El 25 de Mayo de 1810 no nació de un consenso abstracto, sino de una ruptura histórica. Aquel día, el pueblo organizado desplazó al virrey Cisneros para fundar su propio destino, bajo la premisa de que la soberanía reside en la voluntad colectiva y no en los mandatos ajenos. Más de dos siglos después, la agresión institucional contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) —cuya conducción legítima de Abel Furlán fue desplazada por un inédito fallo de la Cámara del Trabajo— reedita, bajo ropaje jurídico, aquella vieja tensión entre la autonomía popular y la intervención de los intereses minoritarios.
Lejos de responder a una asepsia procesal, la decisión de la Sala VIII de intervenir el principal sindicato industrial del país constituye un hecho de extrema gravedad. Es la misma sala judicial que ha convalidado el avance sobre los derechos colectivos la que hoy descabeza una organización combativa. No se trata de un tecnicismo aislado: es una operación política, judicial y empresaria que busca quebrar el espinazo de la resistencia organizada frente a un industricidio en curso. El disciplinamiento, en la lógica del capital concentrado, requiere organizaciones dóciles o intervenidas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó con lucidez al advertir que intervenir un sindicato es atacar la línea de flotación de la democracia de los trabajadores. En un contexto socioeconómico signado por el desplome de la producción nacional, la caída brutal de los salarios reales y la desarticulación del entramado fabril, la paritaria metalúrgica se había transformado en una verdadera trinchera distributiva. Al golpear a la UOM en plena negociación, el bloque de poder —integrado por las principales patronales del sector y el andamiaje judicial— busca asfixiar la capacidad de resistencia para consumar una transferencia de ingresos regresiva.
La analogía con la gesta de Mayo se vuelve imperiosa:
- El monopolio virreinal pretendía asfixiar el desarrollo propio en beneficio de una Corona extranjera.
- Los actuales factores de poder buscan arrebatarle a los trabajadores su herramienta de autodefensa para consolidar un modelo de pura subordinación financiera.
La soberanía política y la independencia económica naufragan si las mayorías pierden el derecho inalienable a elegir a sus propios representantes.
La unidad demostrada por las centrales obreras en repudio a este atropello demuestra que el movimiento obrero comprende la naturaleza de la encrucijada. La defensa de la democracia sindical no es una disputa sectorial; es la condición de posibilidad de la Justicia Social. Frente a los modernos pretendientes a virreyes que gobiernan para el mercado, el mandato de Mayo sigue vivo en las fábricas y en la calle: la autonomía de los trabajadores no se negocia, se defiende.
