Dólares del Colchón: ¿Blanqueo para Pocos o Recaudación con Justicia Social?

El corazón del proyecto residiría en un aumento sustancial del monto de evasión punible, elevándolo a la friolera de $100 millones. Esto, en la práctica, significa que cifras millonarias dejarían de ser consideradas delito penal, abriendo una puerta a la impunidad para aquellos que han amasado fortunas a través de la elusión y la evasión fiscal. Para la izquierda, esta medida es inaceptable. No solo desincentiva el cumplimiento tributario, sino que profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a sofisticados mecanismos para ocultar su patrimonio y la vasta mayoría de trabajadores y trabajadoras que cumplen rigurosamente con sus obligaciones. La evasión no es un juego de números, es un robo a la educación pública, a la salud, a la infraestructura y a los programas sociales que el pueblo necesita.

Además, la posible modificación de los plazos de la Ley de Procedimiento Fiscal, retrocediendo en el tiempo para revisar “para atrás”, es otro punto de alarma. Si bien la intención declarada es facilitar el ingreso de capitales no declarados, la letra chica determinará si esto implica un blanqueo encubierto para quienes han evadido por años, o si realmente se buscará una recaudación que revierta en beneficio de la mayoría. Es fundamental que cualquier medida que apunte a regularizar la situación de activos no declarados lo haga bajo principios de progresividad y transparencia, asegurando que los grandes capitales paguen lo que deben y contribuyan al desarrollo nacional.

El rol de las provincias en este esquema también genera expectativas y preocupación. Si bien una mayor participación provincial en la recaudación puede ser positiva en términos de federalismo fiscal, es crucial que se establezcan mecanismos claros para que los fondos obtenidos a través de este proyecto se destinen a políticas públicas que combatan la desigualdad y fomenten el desarrollo regional equitativo, y no simplemente engrosen las arcas de los gobiernos sin un impacto social tangible.

Es imperativo que cualquier propuesta para regularizar la situación de los dólares "del colchón" tenga como objetivo principal la justicia social y la redistribución de la riqueza. No se trata de habilitar una amnistía para los grandes evasores, sino de diseñar un sistema que grave de manera progresiva a los sectores de mayores ingresos y que garantice que los recursos obtenidos se traduzcan en mejoras concretas en la vida de nuestro pueblo. Un blanqueo sin un compromiso firme con la equidad fiscal y la inversión social solo perpetuará un modelo económico que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. El debate está abierto, y desde la izquierda, levantaremos la voz para que prime la justicia y la dignidad sobre el privilegio y la impunidad.