El desguace de la salud pública: el Gobierno asfixia a los hospitales de la UBA
Bajo la narrativa del "déficit cero", el ajuste sobre las partidas universitarias pone en riesgo el funcionamiento del Hospital de Clínicas y otros centros de salud clave. Una política de vaciamiento que hiere el derecho a la vida de los sectores populares y la soberanía científica nacional.
Prensa
La administración central ha decidido convertir el presupuesto de la salud pública en una variable de ajuste contable. La denuncia de las autoridades académicas es categórica: los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) —entre ellos el Clínicas, el Roffo y el Lanari— enfrentan una parálisis inminente debido al congelamiento de sus partidas a valores de 2023. Con una inflación en insumos médicos que supera el 300%, la ecuación resulta de un exterminio institucional planificado.
Este desfinanciamiento no es una fatalidad económica, sino una decisión política que explicita una transferencia de recursos desde lo público hacia los sectores concentrados de la salud privada. En la lógica del anarcocapitalismo, la salud deja de ser un derecho garantizado por el Estado para transformarse en una mercancía inaccesible. Al ahogar al sistema universitario, el Gobierno no solo ataca la educación, sino que desmantela la red de contención sanitaria que sostiene a miles de ciudadanos que, empobrecidos por el propio plan económico, ya no pueden costear prepagas o medicamentos.
Los hospitales de la UBA cumplen un rol estratégico: articulan la atención de alta complejidad con la investigación y la formación de profesionales. Su desmantelamiento representa una pérdida irreparable de capital humano y soberanía tecnológica. Los trabajadores del sector, cuyos salarios ya han sido licuados, enfrentan hoy la falta de reactivos, gasas y medicamentos básicos, en un escenario de disciplinamiento social a través de la carencia.
Detrás del dogma fiscalista se oculta una disputa estructural. El "superávit" que el Ejecutivo exhibe ante los mercados internacionales se financia con la vulnerabilidad de los pacientes. Sin un sistema de salud pública robusto, la independencia económica es una quimera y la justicia social, una consigna suspendida. La comunidad universitaria advierte que no hay nación posible cuando el Estado abdica de su función primaria: proteger la vida de su pueblo.
