La asfixia del capital nacional: morosidad récord en PyMEs y el riesgo de un desierto productivo
El disparo de la falta de pago en el sector que genera el 70% del empleo privado es la consecuencia directa de un modelo que prioriza la valorización financiera sobre el trabajo. El BCRA intenta contener un incendio que el propio programa económico alimentó.
Prensa
La reciente alarma encendida por el Banco Central (BCRA) ante el salto exponencial en la morosidad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) no es un fenómeno meteorológico, sino el resultado de una política de estrangulamiento deliberado. Cuando el crédito se vuelve impagable y el mercado interno se desploma, la ruptura de la cadena de pagos es la crónica de un final anunciado para el entramado productivo nacional.
La caída de una PyME no es solo la quiebra de un capitalista privado; es la destrucción del sustento de miles de familias y la pérdida de soberanía sobre nuestra capacidad de producir. El incremento de la mora refleja una "economía de pinzas": por un lado, un incremento sideral en los costos operativos (tarifas y logística) y, por el otro, una caída vertical del consumo popular. En este escenario, la rentabilidad se traslada de las fábricas a las hojas de balance de los bancos.
El paliativo frente al derrumbe estructural
El intento del BCRA por evitar quiebras masivas mediante la flexibilización de criterios de clasificación de deudores es, en el mejor de los casos, un respirador artificial para un paciente que se queda sin oxígeno. Sin una recuperación de la independencia económica que permita bajar las tasas de interés y reactivar la demanda agregada, estas medidas solo postergan la agonía.
La disputa de fondo es política: ¿quién paga el costo del ajuste? Hasta ahora, los sectores populares y el capital nacional han sido el fusible de un esquema que privilegia el cumplimiento de metas externas. La defensa de las PyMEs es, en última instancia, la defensa de la soberanía nacional. Un país sin industria es un país sin destino, condenado a la exportación de materias primas y a la exclusión social de las mayorías. La reconstrucción del lazo social en la Argentina exige, imperativamente, que el Estado deje de ser un espectador del naufragio productivo y vuelva a ser el garante de la producción y el trabajo.
