Federalismo bajo asedio: Kicillof lleva ante la Corte el reclamo por el saqueo a las arcas bonaerenses
El gobernador encabeza una audiencia clave contra el recorte de fondos dispuesto por el Ejecutivo Nacional. Una disputa que trasciende lo contable para instalarse en el corazón de la soberanía provincial y la dignidad de las mayorías populares.
Prensa
La presencia de Axel Kicillof ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no debe leerse como un mero trámite administrativo, sino como un acto de resistencia institucional frente a un modelo de asfixia financiera programada. La audiencia por la restitución de los fondos retenidos arbitrariamente por la Nación —con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal como eje— marca un punto de inflexión en la tensa relación entre el centralismo tecnocrático y el federalismo productivo.
Este recorte no representa un "ahorro fiscal", sino una degradación deliberada de las condiciones de vida. Al cercenar recursos destinados a seguridad, salud y educación, el Gobierno Nacional opera una transferencia regresiva: desmantela el Estado provincial para disciplinar políticamente a la jurisdicción que motoriza el 40% del PBI nacional. No se trata de números en una planilla, sino de la interrupción de obras en barriadas populares y el debilitamiento del entramado productivo bonaerense.
Esta disputa evidencia la colisión de dos proyectos de país. Por un lado, una gestión provincial que intenta sostener el consumo interno y la producción nacional; por el otro, un esquema de ajuste que utiliza el látigo financiero como herramienta de coerción política. En este escenario, el rol de la Corte Suprema es determinante: los jueces deberán decidir si actúan como garantes de la Constitución y el pacto federal o si, por el contrario, convalidan la desarticulación de las provincias en favor de una lógica de acumulación financiera que ignora las asimetrías regionales.
La defensa de estos fondos es, en última instancia, la defensa de la soberanía política. Sin la independencia económica necesaria para ejecutar políticas públicas, la autonomía provincial se convierte en una cáscara vacía. Kicillof no solo reclama partidas presupuestarias; reclama la vigencia de un contrato social donde el Estado garantice derechos frente al avance de un mercado que, por definición, no reconoce la necesidad del otro.
