Asfixia unitaria: el impacto del ajuste de Milei reabre la disputa por la coparticipación bonaerense
Con una inflación que pulveriza salarios y tarifas impagables, intendentes alertan sobre el colapso del entramado social en la provincia que más aporta y menos recibe.
Prensa
El programa económico de Javier Milei no es neutral; es un plan de transferencia de recursos que castiga con especial ensañamiento a los sectores populares y productivos de la Provincia de Buenos Aires. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la inflación acumulada en el Gran Buenos Aires entre diciembre de 2023 y abril de 2026 trepó al 310,2%, superando la media nacional. Este flagelo, profundizado por un tarifazo salvaje en los servicios públicos, convive con un escenario alarmante de desocupación juvenil, que ya supera el 16% tanto en mujeres como en varones.
Ante esta ofensiva centralista, el territorio bonaerense ensaya respuestas frente a la licuación de sus capacidades financieras. La asfixia deliberada impuesta por la Casa Rosada obligó a intendentes de peso, como Julio Alak (La Plata) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), a poner sobre la mesa una discusión histórica y estructural: la posibilidad de que la provincia abandone el actual régimen de coparticipación federal.
La propuesta no es un mero arrebato distributivo, sino un planteo de soberanía económica. Buenos Aires aporta casi el 40% de la recaudación nacional, pero recibe apenas el 22%. Históricamente, esta brecha fue solidariamente absorbida en pos del desarrollo federal. Sin embargo, el pacto fiscal se rompe cuando el Gobierno nacional deserta de sus funciones básicas —salud, educación, infraestructura— y utiliza los recursos públicos para el repago de deuda financiera, mientras desfinancia activamente la producción local y desprotege el trabajo argentino.
La disputa actual excede lo técnico-impositivo; expone un conflicto de proyectos. Por un lado, un modelo de sumisión al capital financiero internacional que busca que los barrios populares crujan; por el otro, la resistencia de una gestión provincial que intenta sostener la dignidad, la justicia social y el tejido productivo. El debate por la coparticipación emerge, entonces, no como un quiebre del federalismo, sino como la legítima defensa de un pueblo que se niega a ser la variable de ajuste del dogma libertario.
