El PJ Rechaza la Privatización de Chapadmalal y el Embalse de Río Tercero: “No Vamos a Ser Cómplices del Despojo”

Buenos Aires / Córdoba – La postura fue formalizada por el secretario de Turismo del PJ nacional, Emiliano Saúl Echeveste, quien denunció una “embestida” contra el patrimonio público y el acceso al turismo social.

Durante una visita a la provincia de Córdoba, Echeveste brindó declaraciones contundentes sobre la preocupación creciente dentro del espacio político peronista ante los rumores de una eventual venta o concesión de estos centros vacacionales. “Desde el Partido Justicialista no vamos a permitir que se desmantelen estos espacios que son parte de la historia y el espíritu del turismo social argentino. Han sido claves para que miles de familias trabajadoras pudieran disfrutar de unas vacaciones dignas”, aseguró.

El dirigente enfatizó que tanto el complejo de Chapadmalal como el del Embalse fueron concebidos bajo una lógica de inclusión, como herramientas para democratizar el acceso al descanso y al esparcimiento. “Estos lugares no son solo bienes inmuebles, son símbolos del Estado presente, del derecho al ocio, del bienestar colectivo. Representan décadas de una política pública enfocada en la justicia social y la igualdad de oportunidades”, afirmó Echeveste.

Asimismo, el secretario de Turismo del PJ acusó al actual Gobierno de aplicar una lógica puramente mercantil, que pone en riesgo los derechos de miles de argentinos. “Privatizar estos complejos no solo sería un error estratégico, sino también un acto de insensibilidad social. Significaría eliminar la posibilidad de vacaciones para quienes no pueden pagar tarifas de mercado”, subrayó.

La postura del PJ nacional se alinea con la preocupación manifestada por sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y referentes del turismo, que vienen alzando la voz contra lo que consideran un intento de desmantelar los últimos bastiones del turismo estatal y accesible.

Se espera que en los próximos días se intensifiquen las movilizaciones y pronunciamientos en defensa de estos espacios, considerados patrimonio social y cultural del país. Algunos legisladores ya trabajan en iniciativas parlamentarias para impedir su privatización y garantizar su carácter público.

La polémica se instala con fuerza en la agenda pública, enfrentando dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en la gestión del turismo y el uso del patrimonio nacional. Mientras el Gobierno parece apostar a la transferencia al sector privado como mecanismo de “eficiencia”, el PJ y otros sectores reclaman la preservación de estos complejos como parte del derecho al acceso igualitario al ocio y al descanso.