Gases y bastones contra el trabajo nacional: la respuesta oficial ante la agonía del entramado pyme

La colectora de la General Paz, en los márgenes de San Martín —capital nacional de la industria—, se convirtió en el escenario donde se dirime, por la fuerza, el conflicto estructural de la economía argentina. El despliegue de la Policía de la Ciudad, que avanzó con gas pimienta, escudos y bastonazos incluso violando límites jurisdiccionales, pretendió clausurar con violencia lo que el Ejecutivo nacional no puede sostener con argumentos: la destrucción sistemática del aparato productivo local.

La movilización, que congregó a pymes, sindicatos textiles, calzado, cuero y organizaciones como ATE, tenía un doble propósito de estricta supervivencia. Por un lado, rechazar el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), baluarte histórico de la soberanía científico-tecnológica aplicada al desarrollo nacional. Por el otro, exigir la declaración urgente de la "emergencia económica pyme", ante una sangría que ya cuenta 25.000 empresas nacionales clausuradas por la combinación letal de apertura de importaciones, recesión inducida y tarifazos.

La respuesta estatal de obturar una conferencia de prensa y reprimir a dirigentes, trabajadores y al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, devela la matriz política del gobierno de Javier Milei. No se trata de un exceso policial, sino del Protocolo Antipiquetes utilizado como herramienta de disciplinamiento social. Para consolidar un modelo de valorización financiera y primarización económica, resulta indispensable desarticular la alianza histórica entre el capital nacional y la clase trabajadora, aquellos sectores que sostienen el mercado interno y el empleo genuino.

Al criminalizar la protesta de los empresarios pymes y sus obreros, el bloque de poder dominante busca neutralizar la resistencia frente al desmantelamiento de los derechos laborales y el entramado social. En el reverso de la violencia policial se esconde la transferencia de recursos desde las fuerzas productivas hacia los sectores concentrados del capital transnacional. Sin embargo, la geografía de la protesta demuestra que la defensa de la justicia social y la independencia económica sigue articulándose en las calles.