Soberanía bajo tutela: el FMI aprueba la revisión y convalida el rumbo del ajuste estructural
El desembolso de 1.000 millones de dólares funciona como un respirador para las reservas del Banco Central, pero explicita el condicionamiento externo sobre las jubilaciones y el sistema tributario.
Prensa
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 y liberó un desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina. El giro de divisas, celebrado por el ministro Luis Caputo como una medalla al "equilibrio fiscal", opera en realidad como un salvavidas de plomo: si bien engrosa temporalmente las alicaídas reservas brutas del Banco Central, funciona como una validación política de Washington al severo plan de austeridad que asfixia el consumo interno y destruye el entramado productivo nacional.
Detrás de las felicitaciones protocolares de Kristalina Georgieva por el "impulso reformista" del gobierno de Javier Milei, el organismo multilateral dejó en claro las relaciones de poder que rigen el acuerdo. El staff técnico le otorgó una nueva dispensa (waiver) al Ejecutivo por no haber cumplido con las metas de acumulación de reservas internacionales netas pautadas para fines de 2025. Esta recurrente indulgencia del Fondo no es gratuita; es la contrapartida política de un tutelaje directo sobre las leyes laborales, comerciales y fiscales del país.
La contracara social de este aval financiero es alarmante. En su declaración oficial, el FMI presionó explícitamente para profundizar las reformas estructurales en dos sectores ultrasensibles para la justicia social: el sistema previsional y la estructura tributaria. El pedido de "eficiencia" en el gasto previsional anticipa una nueva licuación de los haberes jubilatorios, mientras que las exigencias fiscales se traducen en mayores recortes a los subsidios de energía y transporte, golpeando de lleno los ingresos de la clase trabajadora.
El ingreso de estos fondos reafirma un ciclo histórico de dependencia económica. Mientras las arcas públicas se destinan prioritariamente al repago de deudas financieras, el Estado deserta de su rol de contención social e inversión estratégica en infraestructura y salud. La aprobación de la revisión no representa un alivio para los sectores populares; consolida una economía orientada al mercado financiero transnacional, donde la soberanía política queda subordinada a los dictámenes y exigencias de Washington.
