Soberanía energética en jaque: Por frenar la obra pública, el Gobierno rifa divisas y empuja un nuevo tarifazo
La decisión de paralizar la infraestructura estratégica, como la reversión del Gasoducto Norte, obliga al país a importar gas a precios internacionales que duplican los del año pasado. Entre la desidia estatal y el negocio para las multinacionales, el pueblo trabajador vuelve a pagar los platos rotos de un modelo que desprecia la planificación nacional.
Prensa
Mientras el discurso oficial se llena de promesas de "eficiencia" y "superávit", la realidad de los números desnuda una gestión que, por ceguera ideológica o conveniencia de mercado, atenta contra el patrimonio de todos los argentinos. La reciente licitación para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para este invierno arrojó un dato alarmante: Argentina deberá pagar entre 24 y 27 dólares por millón de BTU, exactamente el doble de los 12 dólares promedio que se pagaron en 2025.
Este fenomenal sobrecosto, que se estima en un drenaje de divisas superior a los 1.200 millones de dólares, no es una fatalidad del destino ni una mera consecuencia de los conflictos bélicos en Medio Oriente. Es, fundamentalmente, el resultado de la paralización de la obra pública estratégica.
La estafa del ajuste: La obra que no fue
La clave del descalabro reside en la inconclusa Reversión del Gasoducto Norte. Finalizar esta infraestructura vital —que permitiría llevar el gas de Vaca Muerta al norte argentino— costaría unos 740 millones de dólares. Es decir, con lo que el Estado va a gastar solo en este invierno para importar gas extranjero a precios de guerra, se podría haber pagado la obra completa y aún sobraría dinero.
El ahorro anual proyectado por el uso de recursos propios se estima en hasta 2.000 millones de dólares. Sin embargo, en nombre del "déficit cero", el gobierno prefirió frenar las palas, desproteger la industria nacional y terminar transfiriendo recursos a traders multinacionales como Trafigura.
El mercado no cuida la mesa de los argentinos
La entrega de la soberanía no termina allí. El gobierno ha decidido avanzar en la privatización de la gestión de importaciones, desplazando a las empresas estatales Enarsa y Cammesa para dejar el manejo del recurso en manos de un único operador privado. Esta decisión no solo debilita el control estatal sobre un insumo básico, sino que garantiza que la lógica de la ganancia empresarial prime sobre el derecho social a la energía.
Para la industria nacional, este escenario es terminal. Mientras el gas local se produce a valores de entre 2 y 4 dólares, el costo del gas importado —sumado al flete y la regasificación— se vuelve "imposible de trasladar a los costos productivos", según advierten sectores pymes y fábricas electro-intensivas. El riesgo es claro: cierres de plantas, despidos y una nueva pérdida de competitividad frente al mundo.
Un tarifazo que golpea al bolsillo trabajador
Lo que para los funcionarios son "ajustes de partidas", para el pueblo se traduce en facturas de gas impagables. La presión sobre las tarifas será inevitable ante semejante brecha de costos. El modelo de "libertad" parece ser, en realidad, la libertad de las petroleras y comercializadoras para fijar precios a escala internacional en una economía con salarios deprimidos.
Queda claro que la energía debe ser entendida como un bien social y un motor del desarrollo, no como un commodity sujeto a la especulación financiera. Sin obra pública no hay soberanía; sin soberanía energética, la justicia social es una quimera. El invierno se acerca, y las consecuencias de gobernar de espaldas a las necesidades del país están a la vista.
