El ajuste de Caputo: el vaciamiento del Estado bajo el disfraz de la "paz social"
Tras la promesa de no despedir, el Palacio de Hacienda impone un recorte transversal que asfixia el funcionamiento público, debilita la soberanía y profundiza la transferencia de recursos hacia los sectores financieros.
Prensa
El anuncio de Luis Caputo sobre un ajuste generalizado en los ministerios, bajo la aparente consigna de "mantener la planta", no es más que una sofisticada estrategia de vaciamiento estatal. Tras la retórica de la eficiencia fiscal, se esconde un proceso de desmantelamiento de las capacidades operativas del Estado, afectando directamente la ejecución de políticas públicas esenciales para el desarrollo nacional y el bienestar de los sectores populares.
Este esquema de "licuación" y recorte presupuestario —con partidas congeladas frente a una inflación galopante— constituye un ataque directo a la soberanía política. Al retirar el financiamiento de áreas estratégicas, el Gobierno no solo desatiende las necesidades urgentes de la población, sino que entrega la regulación de la vida social y económica al arbitrio del mercado y de los acreedores externos. La "paz social" que prometen al no despedir masivamente es una cáscara vacía: el trabajador permanece en su puesto, pero su salario se pulveriza y las herramientas para transformar la realidad de su comunidad desaparecen.
Este ajuste no es equitativo. Mientras se asfixia la inversión en educación, salud e infraestructura —motores históricos de la movilidad social ascendente en la tradición peronista—, se garantiza el cumplimiento de metas fiscales diseñadas para satisfacer al capital financiero. Estamos ante un disciplinamiento social a través de la carencia: un Estado que deja de proteger para pasar a auditar la miseria.
La disputa de fondo es estructural. El modelo que encabeza Caputo busca desarticular el entramado productivo y social construido durante décadas. No se trata solo de números, sino de un proyecto que prioriza el pago de intereses de deuda por encima del consumo interno y la industria nacional. En este escenario, la resistencia no es solo gremial, sino política: defender el presupuesto público es, en última instancia, defender la posibilidad de una Nación independiente y socialmente justa frente al avance de un proyecto que entiende al país como una planilla de cálculo al servicio de la especulación.
