Seguridad y territorio: El regreso de las Policías Locales como respuesta a la defensa del tejido social
El acuerdo entre el Gobierno de Axel Kicillof y los intendentes para relanzar las fuerzas de proximidad marca un quiebre frente al modelo de exclusión nacional. Análisis de una apuesta por el arraigo territorial y la protección de los sectores populares en un contexto de ajuste estructural.
En un escenario nacional signado por el retiro del Estado y la asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo central, la provincia de Buenos Aires busca reconstruir una primera línea de defensa para sus ciudadanos. El reciente acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y un núcleo central de intendentes para reflotar las Policías Locales (UPL) no debe leerse como un mero ajuste administrativo, sino como una respuesta política situada frente al avance de la desprotección en los barrios.
La seguridad no puede ser una mercancía ni un espectáculo punitivista de saturación mediática. Por el contrario, es un derecho humano fundamental que adquiere una relevancia crítica en los sectores populares, que son quienes más sufren tanto la violencia delictiva como la institucional. El relanzamiento de las UPL apunta a recuperar el concepto de "policía de proximidad": agentes con arraigo, que conocen la dinámica de sus calles y cuyos intereses no están escindidos de la comunidad que deben proteger.
Este pacto territorial también transparenta las tensiones de poder en la arquitectura bonaerense. Los intendentes, que gestionan el día a día de una crisis social profundizada por la caída del salario real y la desocupación, recuperan una herramienta de gestión directa sobre el territorio. Por su parte, la Provincia consolida una alianza estratégica para resistir el embate fiscal de la Nación, priorizando el sostenimiento del orden social frente a la fragmentación que propone el modelo libertario.
Sin embargo, el desafío es evitar que la descentralización sea una cáscara vacía. La soberanía política de este plan depende de una inversión real que acompañe la formación de los agentes bajo criterios de justicia social. No habrá seguridad ciudadana sin un Estado presente que garantice el trabajo y la producción nacional. La apuesta bonaerense es clara: frente a la doctrina del sálvese quien pueda, fortalecer lo público en el territorio como única barrera contra la desintegración del entramado social.
