El desguace de la soberanía fluvial: Sturzenegger y una desregulación a la medida del capital transnacional
Bajo la narrativa de la "eficiencia", el Gobierno elimina el sistema de practicaje. Una medida que desprotege las vías navegables, precariza el empleo calificado y favorece la concentración de las grandes cerealeras exportadoras.
Prensa
La reciente embestida de Federico Sturzenegger contra el sistema de practicaje no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la transferencia de rentas desde el Estado y los trabajadores hacia los sectores más concentrados del poder económico. Al desarticular el régimen que regula el guiado de buques en zonas críticas, el Ejecutivo no solo ignora la seguridad náutica, sino que perfora la soberanía sobre nuestros ríos.
El costo de la "libertad"
La retórica oficial presenta al practicaje como un "costo extra" que encarece las exportaciones. Sin embargo, lo que se omite es la naturaleza estratégica del sector. El servicio garantiza que naves de gran porte circulen por el Paraná sin encallar ni provocar desastres ambientales. Al eliminar la obligatoriedad o desregular las tarifas, el Gobierno no busca "competitividad", sino abaratar los costos operativos de las terminales privadas y las flotas extranjeras a expensas de la seguridad nacional y la estabilidad laboral de un sector altamente profesionalizado.
El impacto en el entramado nacional
Esta medida profundiza un modelo de enclave:
- Ataque al trabajo: Se busca quebrar la capacidad de negociación de los gremios del sector, precarizando una tarea que requiere años de formación.
- Desfinanciamiento indirecto: Menores controles y regulaciones suelen traducirse en una opacidad mayor en el registro de cargas, facilitando la elusión fiscal en el principal corredor de divisas del país.
- Riesgo ambiental: La desregulación en manos del mercado convierte al río en una zona de sacrificio, donde el lucro privado prima sobre la preservación del ecosistema compartido.
Actores en pugna
Detrás del decreto asoman los intereses del complejo agroexportador y las cámaras de comercio exterior, sectores que históricamente han pujado por la desestatización total de la Cuenca del Plata. Mientras se agita la bandera de la modernización, se consolida una Argentina proveedora de materias primas con puertos sin ley, donde el Estado renuncia a su rol de árbitro para convertirse en escribano de las corporaciones. La justicia social empieza por defender el trabajo nacional y la soberanía sobre lo que es de todos.
