Ofensiva sobre los bienes comunes: la flexibilización ambiental como estrategia de dependencia
El desmantelamiento de las protecciones ecológicas no es solo un retroceso normativo; es un mecanismo de transferencia de riqueza que sacrifica el territorio y la salud de los sectores populares en nombre de una rentabilidad corporativa que nunca derrama.
La reciente embestida desregulatoria sobre el marco ambiental argentino no debe leerse como una medida técnica de “eficiencia administrativa”, sino como un capítulo central de un modelo de acumulación basado en el extractivismo y la vulneración de la soberanía. Al diluir los controles sobre el uso del suelo, el agua y los glaciares, el Ejecutivo claudica ante las demandas de los grandes capitales transnacionales, transformando lo que deberían ser derechos colectivos en simples costos operativos a eliminar.
La "flexibilización" tiene un sesgo de clase ineludible. Son los sectores populares, los pequeños productores y las comunidades campesinas quienes habitan los territorios en disputa y sufren las consecuencias directas de la degradación: el agotamiento de las fuentes hídricas, la contaminación por agroquímicos y el desplazamiento forzado. Mientras el discurso oficial apela a una supuesta “modernización”, lo que se pone en marcha es una primarización económica que nos devuelve a una condición colonial.
Históricamente, el peronismo ha entendido que la independencia económica es inseparable de la soberanía territorial. No existe desarrollo nacional posible si el entramado productivo se subordina a una lógica de saqueo que agota los bienes comunes para financiar la fuga de capitales o el pago de deudas externas odiosas. La protección ambiental, lejos de ser un obstáculo para el crecimiento, es la garantía de sustentabilidad de una industria nacional con rostro humano.
La actual disputa de poder es clara: de un lado, un bloque de intereses financieros y corporativos que busca maximizar excedentes en el menor tiempo posible; del otro, un pueblo que exige un Estado presente, capaz de planificar el territorio con criterios de equidad. Romper el cerco de la dependencia exige hoy, más que nunca, defender nuestra casa común como el suelo irrenunciable de toda justicia social. No hay libertad de mercado que valga el sacrificio de nuestra soberanía.
