Combustible por las nubes: la energía como botín de mercado y el fin de la movilidad popular
La Argentina se ha consolidado en la cima de los rankings globales, pero no por indicadores de bienestar. Tras los últimos ajustes, el país se ubica entre las naciones con mayor incremento en el precio de los combustibles, una dinámica que no responde a costos de extracción ni a la lógica del "barril criollo", sino a una decisión política deliberada: la subordinación de la energía a la rentabilidad financiera de las multinacionales y la desarticulación del mercado interno.
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Para el modelo actual, la nafta no es un insumo estratégico para la soberanía y la producción nacional, sino un commodity transable a precios internacionales, ignorando que los salarios argentinos se perciben en pesos y están históricamente devaluados. Este "sincinceramiento" de precios es, en realidad, una transferencia brutal de ingresos desde los sectores medios y populares hacia el puñado de empresas que controlan el sector hidrocarburífero.
El impacto en la economía real es devastador. No solo afecta al trabajador que usa su vehículo para producir o trasladarse, sino que funciona como un multiplicador de la inflación en toda la cadena de suministros. El transporte de carga, motor del abastecimiento federal, traslada estos costos de forma inmediata a la góndola, castigando con mayor dureza el precio de los alimentos. Así, la política energética se convierte en una herramienta de disciplinamiento social: el consumo se retrae, la logística se encarece y la competitividad de las PyMEs se desploma ante la falta de un Estado que regule los recursos naturales en favor del interés común.
Detrás de las pizarras de las estaciones de servicio se libra una disputa estructural. Lo que está en juego es el concepto de la energía como derecho humano versus la energía como mercancía. Mientras las corporaciones celebran el alineamiento con los precios de exportación, el entramado social se resquebraja. La independencia económica, pilar de una Argentina con justicia social, exige recuperar el control sobre nuestras riquezas para que el petróleo sea la palanca del desarrollo y no el combustible de una exclusión que parece no tener techo.
