El ajuste tiene nombre y apellido: Caputo congela salarios de 120 mil trabajadores a pedido de los supermercadistas
En un nuevo golpe al bolsillo de la clase trabajadora, se conoció una maniobra escandalosa del gobierno de Javier Milei, orquestada por su ministro de Economía, Luis Caputo. En un acto de servilismo hacia los grandes empresarios del sector supermercadista, el funcionario habría dado la orden de bloquear el aumento salarial que legítimamente habían acordado el gremio de Comercio y las cámaras patronales.

Fuentes exclusivas revelaron que Caputo se comunicó directamente con los dueños de las principales cadenas de supermercados del país, garantizándoles que el secretario de Trabajo no homologaría la suba salarial pactada. Esta decisión unilateral e ilegítima dejó sin el aumento del 1,9% y los $35.000 no remunerativos correspondientes al mes de abril a más de 120 mil empleados del sector.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los trabajadores, quienes esta semana vieron sus salarios liquidados sin el incremento que tanto esperaban en un contexto de inflación galopante y pérdida constante de poder adquisitivo. La bronca e indignación se multiplican ante la confirmación de que el gobierno nacional prioriza los intereses de un puñado de empresarios poderosos por encima de las necesidades básicas de miles de familias.
Este nuevo atropello se suma a la larga lista de medidas antipopulares implementadas por el gobierno de Milei, que bajo el discurso de la "libertad de mercado" y la "reducción del gasto público", no hace más que profundizar la desigualdad y el sufrimiento de los sectores más vulnerables. Mientras los dueños de los supermercados celebran un nuevo recorte en sus costos laborales, miles de trabajadores ven cómo sus ingresos se licúan y sus derechos son pisoteados.
La complicidad entre el gobierno y los grandes empresarios queda una vez más en evidencia. Caputo, lejos de velar por el bienestar general, se muestra como un fiel ejecutor de las demandas del poder económico concentrado, dispuesto a sacrificar el salario de miles de trabajadores con tal de complacer a sus aliados.
Este hecho no solo representa un ataque directo al poder adquisitivo de los trabajadores de comercio, sino que también sienta un precedente peligroso para el conjunto de los asalariados del país. ¿Qué garantía tienen los trabajadores de otros sectores de que sus acuerdos paritarios serán respetados si el gobierno se arroga el derecho de vetar los aumentos que no convienen a los grandes empresarios?
La respuesta debe ser una firme y contundente movilización de la clase trabajadora en defensa de sus derechos y en repudio a estas políticas de ajuste salvaje que solo benefician a unos pocos privilegiados. La unidad y la organización son las herramientas fundamentales para frenar este avance de la derecha y construir una sociedad más justa e igualitaria, donde el salario de los trabajadores sea respetado y garantizado.