La Corte habilita el recorte de indemnizaciones: la reforma laboral avanza sobre el bolsillo de los despedidos
El máximo tribunal convalidó el artículo 55 de la ley de modernización laboral, que puede reducir hasta un 67% lo que cobra un trabajador despedido. En paralelo, un decreto posterga el Fondo de Asistencia Laboral hasta después de las elecciones.
Redaccion 
La Corte Suprema dio un paso que el mundo del trabajo venía temiendo: dispuso la aplicación del artículo 55 de la ley de modernización laboral, que fija un mecanismo de actualización de las indemnizaciones por despido distinto del criterio que venían utilizando los tribunales, basado en el IPC más un 3% anual. Según los cálculos difundidos tras el fallo, la diferencia puede recortar hasta un 67% el monto que debería percibir un trabajador despedido.
No es un tecnicismo. La indemnización es, para millones de asalariados, el único colchón frente a la pérdida del empleo en una economía que no crea puestos formales. Achicarla abarata el despido, y abaratar el despido es, en los hechos, transferir el costo del ajuste desde las empresas hacia los hogares trabajadores.
Seguridad jurídica, ¿para quién?
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello celebró la resolución y habló de "seguridad jurídica". La pregunta es inevitable: seguridad para quién. Durante décadas, la doctrina laboral argentina —heredera del artículo 14 bis y del principio protectorio— entendió que el trabajador es la parte débil de la relación y que el derecho debe compensar esa asimetría. El fallo invierte esa lógica: la previsibilidad que se garantiza es la del empleador que calcula cuánto le cuesta prescindir de su personal.
La decisión llega, además, en un contexto de recesión técnica, caída del empleo industrial y cierre de plantas. En ese escenario, una indemnización devaluada no solo empobrece a quien pierde el trabajo: debilita el poder de negociación de quienes todavía lo conservan.
El cálculo electoral del FAL
En paralelo, un decreto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, Pettovello y Luis Caputo posterga hasta el 1 de diciembre de 2026 la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la misma reforma, y extiende a doce meses el período de carencia. Traducido: el fondo recién podría utilizarse en diciembre de 2027, después de las elecciones presidenciales. La lectura política es evidente: evitar una ola de despidos financiados por el nuevo esquema antes de que las urnas evalúen al Gobierno.
La combinación de ambas medidas dibuja con nitidez el rumbo del modelo: flexibilizar para abajo, administrar los tiempos para arriba. Lo que está en juego no es una fórmula de actualización, sino la vigencia de un principio que el peronismo inscribió en la Constitución de 1949 y que sobrevivió a dictaduras y reformas: que el trabajo no es una mercancía más. El movimiento obrero organizado y los bloques opositores tienen ahora el desafío de convertir ese principio en una respuesta legislativa y social a la altura del retroceso.
Con información de El Destape.
