Grieta en la mesa rural: CRA y la Sociedad Rural chocan por la trazabilidad que exige Europa
La plataforma Visec, impulsada por los exportadores para cumplir con la norma antideforestación de la UE, está colapsada. CRA advierte que los productores fuera del sistema sufrirán descuentos del 10% en la hacienda.
Redaccion 
La unidad de las entidades rurales, tantas veces exhibida como frente común, mostró una fisura pública. Andrés Costamagna, director general de la Sociedad Rural Argentina, acusó a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) de "desinformar" sobre la plataforma de trazabilidad Visec y llegó a decir que la entidad "quiere volver a la 125". CRA respondió con una carta formal al presidente de la SRA, Nicolás Pino, en la que calificó las expresiones de "agraviantes" y exigió una rectificación.
Qué hay detrás del cruce
La disputa gira en torno al reglamento europeo antideforestación, que entra en vigor en enero y prohíbe el ingreso a la Unión Europea de carne y soja provenientes de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para cumplir con esa exigencia, los exportadores impulsaron Visec, una plataforma de trazabilidad. El problema es que el sistema está colapsado: fue diseñado para 500 productores por día, se sostiene con 2.000 y hoy intentan ingresar entre 8.000 y 12.000 diarios, según reconoció el propio Costamagna.
CRA había advertido que los productores que no logren ingresar al sistema podrían sufrir descuentos del 10% en el precio de la hacienda. Es decir, el costo de adecuarse a una norma impuesta desde Bruselas y gestionada por los grandes exportadores recae, otra vez, sobre el eslabón más débil: el pequeño y mediano productor.
Soberanía y cadena de valor
El conflicto expone dos problemas de fondo. El primero es la asimetría dentro del propio campo: no es lo mismo un gran grupo exportador con equipos técnicos y acceso a certificaciones que un productor familiar del interior que depende de un consignatario. Cuando el Estado se retira de la gestión de la trazabilidad y la deja en manos privadas, esas asimetrías se profundizan.
El segundo es la dependencia de reglas definidas en el exterior. La Unión Europea fija estándares ambientales —legítimos en su objetivo— que funcionan también como barreras comerciales, mientras la Argentina negocia en condiciones de debilidad. Un Estado presente debería garantizar una herramienta pública, gratuita y accesible de trazabilidad, y defender en los foros internacionales los intereses de los productores nacionales.
La chicana sobre la 125 dice más de quien la pronuncia que de quien la recibe. Pero el problema real sigue ahí: sin políticas públicas que ordenen la cadena, la adecuación a los mercados externos termina siendo un nuevo mecanismo de concentración.
Con información de La Nación.
