Colapso industrial y desocupación: el sector del calzado argentino en alerta roja por el cierre de un centenar de fábricas
La apertura indiscriminada de importaciones y la brutal contracción del mercado interno pulverizan a las PyMEs manufactureras. Miles de puestos de trabajo en riesgo frente a un modelo económico que prioriza la especulación financiera por sobre la producción nacional.
Prensa
La crisis estructural que atraviesa la industria manufacturera nacional sumó un nuevo capítulo alarmante. El sector del calzado argentino registra el cierre de un centenar de establecimientos productivos y la destrucción de miles de puestos de trabajo calificado, reflejando el impacto directo de las políticas de desregulación y apertura comercial impulsadas por el Gobierno nacional.
Lejos de constituir un fenómeno aislado, esta debacle responde a la lógica de un programa económico centrado en la asfixia del mercado interno y la competencia desleal con productos extranjeros subsidiados. Sin poder adquisitivo en los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores —licuados por la inflación, los tarifazos y la caída salarial—, la demanda de bienes de consumo masivo se desploma. A ello se suma una apertura importadora "boba" que inunda el mercado con mercadería importada, condenando a la quiebra a talleres y fábricas familiares que sostienen el entramado productivo histórico de regiones enteras.
La caída del sector calzado evidencia la profunda asimetría de las relaciones de poder en juego. Mientras los grandes centros financieros y los sectores concentrados de la economía maximizan sus rentas mediante la especulación y la fuga, el entramado PyME —columna vertebral de la producción nacional, la movilidad social y el empleo registrado— sufre un verdadero genocidio industrial. El costo de la energía y la presión impositiva sobre el aparato productivo funcionan, en los hechos, como un impuesto al trabajo argentino.
La pérdida de un eslabón industrial no solo representa la destrucción de capital acumulado durante décadas, sino la degradación irreversible de la soberanía política e independencia económica de la Nación. Sin una política activa del Estado orientada a proteger la industria local, defender el empleo y garantizar salarios dignos, el modelo de país-estancia profundiza la desintegración del tejido social, reafirmando la urgencia de reconstruir una alternativa basada en la justicia social.
