Universidad en lucha: los nodocentes paran contra un Gobierno que desobedece al Congreso y a la Justicia
FATUN realiza hoy un paro nacional de 24 horas y ya anunció dos nuevas medidas, el 12 y el 16 de noviembre. El reclamo: salarios dignos y que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Redaccion 
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) paraliza hoy las casas de estudio de todo el país. Su Consejo Directivo resolvió además dos nuevas jornadas de paro, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, ante la falta de acuerdo paritario con el Ejecutivo.
El conflicto excede lo salarial y toca el corazón institucional. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por dos tercios tras el veto presidencial. El Gobierno respondió con el Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a partidas presupuestarias específicas. La Justicia declaró inconstitucional ese decreto y ordenó su cumplimiento inmediato para actualizar haberes de docentes y nodocentes y reforzar becas. El Ejecutivo apeló para seguir ganando tiempo.
El cuadro es elocuente: un poder que se proclama defensor de la "república" desconoce una ley sancionada con mayoría especial y litiga para no cumplir un fallo. La retórica antiestatal se convierte, en la práctica, en una disputa contra los otros poderes del Estado cuando sus decisiones afectan el ajuste.
La universidad pública no es un gasto: es uno de los pilares del ascenso social argentino. Desde la gratuidad universitaria decretada en 1949 por Perón, millones de hijos e hijas de trabajadores accedieron a una formación que el mercado nunca les habría ofrecido. Desfinanciarla es cerrar esa puerta y debilitar la ciencia y la tecnología que cualquier proyecto de desarrollo necesita.
Los nodocentes —administrativos, técnicos, personal de mantenimiento y servicios— son el sostén invisible de ese sistema y quienes más sufren el deterioro salarial. Su lucha conecta con la de docentes y estudiantes que ya protagonizaron las marchas federales más grandes de los últimos años.
La pregunta política es si el Gobierno seguirá apostando al desgaste o si la presión social, legislativa y judicial lo obligará a cumplir. Por ahora, la comunidad universitaria eligió no resignarse.
