El ahogo del consumo por la morosidad récord expone el fracaso del sesgo antiestatal
Con seis millones de personas en mora y un índice de incumplimiento familiar del 12,8% en el sistema bancario, la asfixia del crédito dinamita las ventas. La dimensión del quebranto fuerza a la propia City a reclamar la intervención reguladora de un Estado que el oficialismo insiste en desmantelar.
Prensa
El deterioro del poder adquisitivo y el incremento previo de los costos de financiamiento derivaron en un estrangulamiento de los hogares golpeados por la recesión. Según datos del Banco Central y estimaciones del sector, la morosidad alcanza el 12,8% en préstamos bancarios a familias y se dispara al 29% en el financiamiento no bancario. Esta parálisis no representa una falla individual, sino la consecuencia estructural de un modelo económico que contrajo los salarios y desreguló el costo financiero de las deudas en favor de los acreedores.
El fenómeno ha cruzado la frontera de lo estrictamente privado para transformarse en un problema macroeconómico de primer orden. Cuando los ingresos de la clase trabajadora se destinan de manera prioritaria a cancelar pasivos o se cortan de manera abrupta por imposibilidad de pago, la demanda interna en las pymes y comercios de barrio se desploma. Este círculo vicioso deprime el nivel de actividad y profundiza la destrucción del empleo formal, erosionando las bases del entramado productivo nacional.
Frente a la parálisis de la cadena de pagos, diversos sectores financieros proponen respuestas que van desde facilidades regulatorias e incentivos impositivos hasta la flexibilización de encajes, evidenciando una paradoja central: cuando el libre mercado desregulado agota sus capacidades de autorregulación, los actores económicos apelan al Estado como árbitro y ordenador de la crisis.
Sin un Estado presente que proteja el salario, regule los abusos de los actores financieros y restaure la justicia social mediante la reactivación del consumo popular, la crisis de morosidad seguirá erosionando el consumo interno y la soberanía económica de los sectores populares.
