El superávit financiero a costa del pueblo: desvían fondos de la infraestructura para sostener el ajuste
Un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto el esquema de desarticulación del Estado y saqueo de los recursos públicos implementado por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. Un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 400 millones de dólares, otorgado específicamente para la modernización de la Línea San Martín, fue reorientado compulsivamente hacia el programa de "Sostenibilidad Fiscal", alimentando el dibujo contable con el que el Poder Ejecutivo maquilla su promocionado superávit.
Prensa
Esta quita sistemática de fondos revela una matriz ideológica centrada en la valorización financiera y la primarización de la economía en detrimento del entramado productivo y los sectores populares. Mientras la cartera económica recortaba el presupuesto destinado a la renovación de vías, electrificación y señalización del ramal que une Retiro con Pilar, el deterioro operativo derivaba en tragedias y emergencias ferroviarias declaradas por el propio Gobierno. La maniobra provocó la caída del proceso licitatorio internacional ya adjudicado para la obra, anulando la posibilidad de contar con un transporte digno y seguro para cientos de miles de trabajadores que se desplazan a diario.
El caso expone la alianza estratégica entre el capital financiero internacional y la administración central. Organismos como el BID apañan el incumplimiento de los contratos fundacionales para garantizar el pago de la deuda exterior y facilitar la entrega de recursos mineros y energéticos, mientras promueven el remate de las empresas públicas como la SOFSE.
La desinversión en el sistema ferroviario nacional no constituye un hecho aislado ni un mero error de gestión. Se inscribe en el proceso histórico de desmantelamiento de las capacidades estatales que la tradición nacional y popular ha combatido desde la década de 1940. Privar al transporte de pasajeros de la inversión pública degrada el salario indirecto de los sectores trabajadores, paraliza la industria manufacturera ligada a la obra pública y consolida un modelo de exclusión donde el déficit cero se paga con inseguridad, desigualdad territorial y pérdida absoluta de la soberanía nacional.
