El negocio de los residuos: Macri impone el mercado sobre la economía popular
La administración porteña lanza una licitación que obliga a las cooperativas de cartoneros a competir con grandes empresas, poniendo en riesgo 6.500 puestos de trabajo y desplazando un modelo de inclusión social por una lógica de tercerización corporativa.
Prensa
La decisión del Gobierno de la Ciudad de avanzar con una licitación para la recolección de residuos reciclables no es un simple ajuste técnico, sino una definición política de fondo. Al exigir que las cooperativas —que durante años han realizado una tarea esencial en el mantenimiento del espacio público y la gestión de materiales— compitan bajo condiciones de mercado con empresas privadas, Jorge Macri no busca "eficiencia", sino la mercantilización de un servicio construido desde la organización popular.
El Ejecutivo justifica la medida bajo un diagnóstico de "fallas operativas" y "desorden", utilizando la suciedad en las calles como excusa para deslegitimar el trabajo de los recuperadores. Sin embargo, detrás de la narrativa de la "limpieza" y la "trazabilidad", se esconde un modelo que prioriza la rentabilidad corporativa por sobre la soberanía de los trabajadores. Obligar a las cooperativas a disputar una licitación en igualdad de condiciones con grandes compañías —que cuentan con estructuras de capital y logística muy superiores— es, en los hechos, un mecanismo de exclusión.
Se trata de un desplazamiento deliberado. Mientras las cooperativas han integrado socialmente a miles de trabajadores que el mercado laboral formal ignora, la política oficial parece encaminarse hacia un modelo donde el reciclado es un negocio para pocos, y no un derecho ni un servicio público gestionado por quienes mejor conocen el territorio.
La política del PRO en la Ciudad confirma una vez más su mirada sobre los sectores populares: son vistos como una "molestia" o una variable de ajuste, nunca como sujetos activos del desarrollo nacional. Al quitar el financiamiento y subordinar la recolección al lucro privado, el gobierno porteño no solo atenta contra el sustento de miles de familias, sino que desmantela una red de protección social y ambiental que la ciudad necesita. La "modernización" de Macri parece tener un costo claro: el descarte de quienes sostienen la dignidad del trabajo autogestionado.
