El desplome del ingreso: el costo social del ancla salarial como variable de ajuste

Detrás del índice metafórico de las "milanesas con papas fritas" revelado por el instituto iCiudad —basado en datos de la SRT y el IDECBA— se esconde una realidad lacerante para las familias trabajadoras: el salario medio porteño solo alcanza para adquirir 104,7 raciones mensuales, marcando un piso histórico que representa un retroceso del 15,1% respecto a 2023. Esta transferencia recursos desde los bolsillos populares hacia los sectores financieros no es un accidente, sino el mecanismo central de un programa económico orientado a achicar el consumo para contener los precios.

El deterioro del ingreso es la manifestación superficial de un vaciamiento estructural. La política de desregulación y apertura importadora ha provocado en la Ciudad la destrucción de 88.052 puestos de trabajo registrados (-4,1%) y la quiebra de 2.924 PyMEs y empleadores locales. La pérdida de soberanía alimentaria y económica de los asalariados avanza en directa proporción al desmantelamiento de la red productiva nacional, ahogada por la caída de las ventas y los tarifazos.

Las relaciones de poder detrás de este escenario resultan evidentes. La contención inflacionaria celebrada por la administración libertaria no se apoya en el crecimiento ni en la eficiencia, sino en la disciplina de un mercado laboral precarizado. Se destruye el poder de compra para deprimir la demanda, mientras el capital concentrado convalida una distribución del ingreso cada vez más inequitativa.

Garantizar la justicia social exige comprender que la comida en la mesa familiar no es una variable macroeconómica negociable. La caída sistemática del salario real debilita el mercado interno, fractura el entramado comunitario y subordina el bienestar de las mayorías al lucro de unos pocos. No habrá independencia económica ni paz social duradera en una patria donde el trabajo formal deja de garantizar la subsistencia.