La ilusión de la IA y el vaciamiento de la salud: cuando el mercado reemplaza al Estado
El caso de un usuario estadounidense hospitalizado por un diagnóstico erróneo de ChatGPT expone los riesgos de mercantilizar la medicina y la urgencia de regular las tecnologías frente al desmonte de las redes públicas de contención.
Un ciudadano en Florida, Estados Unidos, sufrió una insuficiencia renal severa tras consumir dosis masivas de potasio sugeridas por ChatGPT para tratar síntomas de fatiga. Tras ser hospitalizado de urgencia, el afectado inició acciones legales contra OpenAI. El hecho, presentado por las agencias corporativas como un mero fallo técnico o responsabilidad individual del consumidor, constituye en verdad el síntoma de una problemática estructural más profunda: la privatización de los saberes y la retirada del Estado en la garantía de los derechos básicos.
En sociedades moldeadas por el sesgo neoliberal y el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, la inteligencia artificial no opera en el vacío. Las grandes corporaciones de Silicon Valley ofrecen plataformas algorítmicas como soluciones mágicas y accesibles ante un sistema médico expulsivo y prohibitivo para las mayorías populares. La promesa de la "democratización del conocimiento" a través de chatbots termina encubriendo una asimetría de poder crítica: la transferencia de la responsabilidad del cuidado hacia el propio individuo, despojado de tutela estatal y desprotegido frente a la desinformación con fines de lucro.
La medicina basada en la relación humana, la prevención territorial y la soberanía tecnológica requiere un Estado presente que planifique, regule e intervenga. Cuando el acceso a la atención médica profesional se privatiza y se convierte en una mercancía inalcanzable para la clase trabajadora, la población queda a merced del ensayo y error de herramientas comerciales no auditadas.
Este episodio evidencia la urgencia de establecer un marco regulatorio soberano sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. La protección de la vida humana y la salud pública no pueden quedar delegadas a la lógica del mercado corporativo ni al sesgo de rentabilidad de unos pocos conglomerados transnacionales.
