EL DESMANTELAMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD Indiferencia y ajuste: el Gobierno abandona a las mujeres frente al cáncer de mama
El Estado desfinancia el Instituto Nacional del Cáncer mientras uno de cada tres mamógrafos del sistema público está roto o inoperativo. El 73% del equipamiento nacional quedó reservado para quienes pueden pagar la salud privada.
Prensa
El acceso a la salud en la Argentina se ha convertido en un privilegio de clase. A las recientes historias de diagnósticos tardíos por desinformación se suma una barrera infranqueable, promovida desde el Estado nacional: la falta de equipamiento y financiamiento. Un informe federal revela que, en medio de la política de desguace impulsada por Javier Milei, la red pública de mamógrafos atraviesa una crisis terminal que expone a millones de personas, especialmente de los sectores populares, al abandono frente al cáncer de mama.
Según el relevamiento “Mamografía, información, red y acceso”, de los 404 mamógrafos pertenecientes al sector público a nivel nacional, uno de cada tres presenta problemas operativos o está roto. A la par, el sector privado (obras sociales y prepagas) concentra 1.094 equipos, marginando a quienes dependen exclusivamente del Estado para acceder a diagnósticos tempranos.
La crisis no es solo técnica, es estructural. Los equipos públicos operativos funcionan a media máquina: más del 50% realiza menos de 100 estudios mensuales (cuando el estándar es 164), y el 42% opera menos de 6 horas diarias.
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Distribución de Mamógrafos |
Cantidad |
% del Total |
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Sector Privado (Obras Sociales/Prepagas) |
1.094 |
73% |
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Sector Público |
404 |
27% |
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Equipos públicos inoperativos/rotos |
~134 |
- |
Lejos de fortalecer el entramado sanitario frente a una de las principales causas de mortalidad, el gobierno de La Libertad Avanza profundizó el desamparo. En octubre de 2025, a través del Decreto 741, la Casa Rosada absorbió y licuó el Instituto Nacional del Cáncer, disfrazando de "eficiencia" el brutal recorte de un organismo rector esencial.
Las consecuencias de estas políticas son palpables en los barrios populares. Ante la crisis autoinflingida del sistema privado —cuyos aportes perdieron contra los costos, expulsando pacientes al hospital público—, el Estado se retira, dejando la vida y la salud al arbitrio del mercado. La salud dejó de ser concebida como un derecho social garantizado para transformarse en un negocio donde, en la Argentina libertaria, sobrevivir es un privilegio reservado solo para los que pueden pagarlo.
