Radiografía de la asfixia: Formosa registra el 23,4% de sus PyMEs en mora y desnuda el impacto de la crisis nacional

La caída de las ventas, la presión tarifaria y la restricción del crédito asfixian al entramado productivo regional. Casi uno de cada cuatro deudores PyME en la provincia acumula retrasos, reflejando el deterioro sistemático de las economías provinciales bajo el ajuste centralizado.

Radiografía de la asfixia: Formosa registra el 23,4% de sus PyMEs en mora y desnuda el impacto de la crisis nacional
Radiografía de la asfixia

Un reciente relevamiento sectorial situó a Formosa entre las jurisdicciones con mayor índice de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en situación de mora del país, alcanzando el 23,46% de sus deudores registrados. Este indicador —que ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, compartiendo los primeros puestos de vulnerabilidad junto a distritos como San Luis— no es un dato aislado ni un mero accidente estadístico: constituye la radiografía cruda del impacto que las políticas de ajuste macroeconómico, la apertura indiscriminada de importaciones y la brutal retracción del consumo interno provocan sobre el aparato productivo del Norte Grande.

Lejos de explicarse por desmanejos locales o distorsiones de gestión, este colapso en la cadena de pagos evidencia cómo las asimetrías estructurales del modelo centralista se ensañan con las economías regionales. Las PyMEs formoseñas, que cumplen un rol insustituible como generadoras de empleo genuino y dinamizadoras del mercado interno, hoy se encuentran atrapadas en una trampa financiera: tasas de interés prohibitivas, costos operativos indexados por tarifazos insostenibles y una drástica caída de la demanda que pulveriza su capital de trabajo.

Cuando una PyME cae en mora y pone en riesgo su continuidad, no quiebra un número en una planilla de Excel: se destruyen puestos de trabajo registrados, se debilita el entramado social comunitario y se profundiza la dependencia económica de las provincias periféricas. La defensa de la soberanía política y la justicia social exige revertir este rumbo, blindando al trabajo nacional y al aparato productivo frente a un modelo que margina a las mayorías populares.