La Oposición busca frenar el DNU 70 y Proteger los Derechos Sociales en un Congreso bajo Presión Federal
Bloques opositores intentan construir quórum para derogar el decreto de desregulación salvaje y defender la ley de discapacidad. Ante la movilización popular, el Poder Ejecutivo improvisa concesiones tácticas y apela a la presión sobre los gobernadores para obturar el debate.
Prensa
En un escenario cruzado por la movilización social y la crisis de ingresos, la Cámara de Diputados se convierte en el epicentro de un choque de proyectos nacionales. Un amplio abanico de bancadas opositoras impulsa una sesión clave para derogar el DNU 70/23 —decreto fundacional del ajuste ultraliberal— y tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, junto a proyectos para aliviar el agudo sobreendeudamiento que asfixia a los hogares trabajadores.
La iniciativa opositora, articulada sobre una base de 112 legisladores donde destaca el bloque de Unión por la Patria, enfrenta el cabildeo del oficialismo para desactivar el quórum de 129 bancas. La Casa Rosada desplegó negociaciones a todo ritmo con gobernadores de provincias centrales e históricamente relegadas (Tucumán, Catamarca, Salta) para retener voluntades en la indefinición, utilizando las transferencias de recursos como moneda de cambio para obturar el debate sobre la soberanía institucional.
Consciente del desgaste político y de la masiva presión ciudadana en las calles, La Libertad Avanza ensayó maniobras parlamentarias de repliegue táctico: tras desregular sin freno la venta de tierras a extranjeros y recortar partidas esenciales, aceptó restituir límites a la extranjerización en proyectos alternativos y suavizar el ajuste en discapacidad. Sin embargo, la oposición denuncia que estas modificaciones esconden fisuras regulatorias que consolidan la quita de derechos y la fragmentación de la protección social.
El nudo de la disputa excede el mero recuento de bancas. Detrás de la sesión se debate la continuidad de un marco normativo que desmanteló leyes de soberanía productiva y protección al consumidor —como las de Alquileres, Abastecimiento y Góndolas— para beneficiar al capital concentrado. Mientras la sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad ganan las plazas circundantes, la contienda parlamentaria expone los límites constitucionales de un modelo que busca gobernar por decreto en menoscabo del trabajo nacional y la justicia social.
