En subasta: el intento de vender un lago patagónico expone la voracidad terrateniente y el peligro del DNU 70/2023

Aprovechando una precaria ventana jurídica abierta por la Corte Suprema, una inmobiliaria promocionó casi 3.000 hectáreas con espejos de agua propios en Chubut. El episodio desnuda cómo la desregulación económica y el vaciamiento de la Ley de Tierras ponen en riesgo los recursos estratégicos de la Nación frente al capital extranjero.

En subasta: el intento de vender un lago patagónico expone la voracidad terrateniente y el peligro del DNU 70/2023
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La fragilidad institucional y el desguace normativo que promueve la administración central vuelven a golpear el corazón de la soberanía territorial. En el breve lapso de diez días —generado por un fallo formal de la Corte Suprema que dejó temporalmente sin efecto las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros—, la firma Loma Alta Propiedades intentó comercializar un predio de 2.900 hectáreas en la provincia de Chubut que incluye un lago propio y 16 kilómetros de costa de río. Aunque la maniobra fue detectada por el Observatorio de Tierras y la inmobiliaria intentó justificarlo bajo la cínica excusa de un "error de marketing", el hecho expone la voracidad especulativa que acecha sobre los bienes comunes de los argentinos.

La desprotección de los recursos naturales no es un accidente burocrático, sino el resultado directo de la vigencia del DNU 70/2023, cuya pretensión desregulatoria busca dinamitar los límites establecidos por la Ley de Tierras. Dicha normativa histórica fue concebida precisamente para poner freno a la extranjerización de los recursos estratégicos, resguardando la biodiversidad, las fuentes de agua dulce y las fronteras nacionales frente a la avidez de corporaciones y magnates extranjeros. Permitir la privatización de espejos de agua y miles de hectáreas en la Patagonia implica consolidar un modelo semicolonial de enclave, donde el territorio nacional se lotea al mejor postor en detrimento de las comunidades locales y el arraigo rural.

Las consecuencias sociales y geopolíticas de estas maniobras son profundas. La privatización de lagos y ríos viola el principio elemental de acceso público a los bienes naturales y profundiza el despojo histórico que sufren las comunidades originarias y los pequeños productores de la región. Asimismo, la falta de controles efectivos durante estos baches judiciales demuestra la vulnerabilidad del Estado frente a intereses corporativos que operan con total impunidad, especulando con la mercantilización de la tierra patria.

La disputa de fondo enfrenta dos proyectos de país irreconciliables. De un lado, el modelo neoliberal que entrega los resortes económicos y territoriales al capital financiero internacional; del otro, la necesidad imperiosa de defender la soberanía política y la independencia económica mediante un Estado firme que garantice que los recursos de los argentinos no sean botín de guerra de los especuladores. La urgencia exige que el Congreso de la Nación rechace de plano el DNU 70/2023 y restituya de manera definitiva la plena vigencia de las leyes que protegen el patrimonio nacional.